La Riqueza de las Naciones: resumen capítulo por capítulo de la obra de Adam Smith [Libro V de V]

El último libro es el de las finanzas públicas: qué debe hacer el Estado, cuánto cuesta y de dónde sale el dinero. Es el libro que más desarma la caricatura del Smith del «Estado mínimo»: aquí defiende un ejército permanente, jueces independientes del poder ejecutivo, caminos, puentes y canales, y escuelas en cada parroquia pagadas en parte por el público, porque la misma división del trabajo que hace rica a la sociedad vuelve al obrero «tan estúpido e ignorante como es posible que llegue a ser una criatura humana» si el gobierno no lo impide. Después vienen las cuatro máximas de la tributación que todavía hoy abren cualquier manual de impuestos, y el capítulo final sobre la deuda pública, que cierra la obra con el consejo de abandonar el «proyecto de un imperio» en América y acomodar los gastos de Gran Bretaña «a la real mediocridad de sus circunstancias». Escrito en 1776, con las colonias en armas.

Si llegaste directo a este libro, te conviene saber dos cosas que explico con más detalle en la introducción del Libro I: la famosa «mano invisible» aparece una sola vez en toda la obra, en el Libro IV, y la palabra «opresión» aparece cien veces. Tenerlo presente cambia bastante la lectura de lo que sigue.

«La Riqueza de las Naciones» consta de cinco libros. Los resumí capítulo por capítulo en cinco artículos independientes, y en 2026 los revisé y amplié de punta a punta, incluidos los libros IV y V completos, que son los que las ediciones en español suelen traer recortados. Puedes navegar entre ellos desde esta lista o desde los enlaces al pie de cada artículo:

• Libro I: De lo que tiene trascendencia a todas las fuentes de riqueza
• Libro II: De la naturaleza, acumulación y empleo del capital
• Libro III: De los diferentes progresos de la riqueza de las naciones
• Libro IV: De los sistemas de economía política (incluye el pasaje de la «mano invisible»)
• Libro V: De los ingresos del soberano o del Estado

Para leerla en español, la mejor edición, en mi opinión, es la de Carlos Rodríguez Braun de 1994, que contiene los libros I, II y III completos y una selección de los libros IV y V. Se puede encontrar en archive.org, la gran biblioteca de Internet, en este enlace.

La mejor versión en inglés, completa y comentada al detalle, es la de Edwin Cannan de 1904, disponible en Econlib en este enlace. El trabajo de Cannan es impecable, y es la edición que usé como base para estos resúmenes. Las ediciones en español no me terminan de convencer porque tienen una carga ideológica que matiza las palabras de Smith. Por ejemplo, mientras que en el original la palabra «opresión» aparece cien veces, en la edición de Rodríguez Braun aparece dieciséis (once «opresión», tres «oprimido» y dos «oprimidos»), en parte porque se suavizó el mensaje de Smith y en parte porque muchos de esos pasajes están en los libros IV y V, que esa edición trae resumidos.

A pesar de ser un resumen, este artículo es extenso. Si tienes una pregunta puntual, puedes usar el asistente «Preguntale a Economía.wiki», al comienzo de esta página: responde a partir de los artículos del blog y de mis dos libros, y te indica las fuentes para que puedas contrastarlas.

A continuación, el resumen capítulo por capítulo del Libro V de la obra de Adam Smith:

Libro V: De los ingresos del soberano o del Estado

Capítulo I: De los gastos del soberano o de la república

El Libro V es el libro de las finanzas públicas. Después de haber explicado cómo se produce la riqueza y cómo la ha estorbado la política, Smith se pregunta qué debe hacer el Estado, cuánto cuesta hacerlo y de dónde sale el dinero. Este primer capítulo se ocupa de los gastos, y su estructura es el programa mismo de la obra: los tres deberes del soberano enunciados al final del Libro IV, defensa, justicia y ciertas obras e instituciones públicas, más un cuarto gasto menor, el de sostener la dignidad del soberano. La tercera parte se subdivide en tres artículos: las instituciones que facilitan el comercio, las que educan a la juventud y las que instruyen a las personas de todas las edades, es decir, la religión. Es el capítulo más largo de toda la obra, con más de treinta mil palabras en el original, y en él caben una historia militar de Europa, una teoría del origen del gobierno, un ataque frontal a las universidades de su tiempo, el pasaje más sombrío del libro sobre lo que la división del trabajo hace con el obrero y una discusión sobre las sectas religiosas que sigue dando que hablar.

Parte I: de los gastos de defensa

El primer deber del soberano, proteger a la sociedad de la violencia y la invasión de otras sociedades independientes, solo puede cumplirse por medio de una fuerza militar, y su gasto "es muy diferente en los distintos estados de la sociedad, en los distintos períodos de progreso". Smith recorre los cuatro estadios que ya conocemos. En una nación de cazadores cada hombre es cazador y guerrero a la vez, se mantiene en la guerra con su propio trabajo como en la paz, y al soberano, si es que puede hablarse de tal cosa, no le cuesta nada. En una nación de pastores, como los tártaros y los árabes, el pueblo entero se muda a la guerra con sus rebaños, sus mujeres y sus hijos, y el botín es la única paga. Pero un ejército de pastores es temible de un modo que uno de cazadores no puede ser: los cazadores rara vez pasan de doscientos o trescientos hombres, porque la caza de un territorio no alimenta a más; los pastores pueden marchar por centenares de miles, y "nada puede ser más temible que una invasión tártara". Siempre que un pueblo así se ha lanzado sobre una nación civilizada, el resultado ha sido la destrucción de esta.

En una nación de agricultores, como las repúblicas antiguas de Grecia e Italia, cada labrador es también un guerrero, porque el trabajo del campo endurece el cuerpo y deja tiempo libre entre la siembra y la cosecha; pero ya no va todo el pueblo, y los hombres en edad militar sirven a su propia costa, como los ciudadanos de Roma, al menos hasta la cosecha. En un estado más avanzado, dos causas hacen imposible que quienes van a la guerra se mantengan a sí mismos: el progreso de las manufacturas, porque cuando un herrero o un tejedor deja su taller su renta desaparece con él y la naturaleza no le hace ninguna provisión como al labrador; y el progreso del arte de la guerra, porque cuando las guerras dejan de ser expediciones de verano y se vuelven campañas largas, la mayoría de los ciudadanos ya no puede alejarse de sus ocupaciones. En una sociedad civilizada, calcula Smith, no puede ir a la guerra más de la centésima parte de los habitantes sin arruinar al país, y esa centésima parte debe ser mantenida enteramente por el público.

Aparece aquí la gran distinción del capítulo: la milicia y el ejército permanente. El arte de la guerra se ha vuelto, como cualquier otro, una ciencia complicada, y como el estado de la sociedad no permite ya que cada ciudadano lo aprenda por su cuenta, el Estado tiene dos maneras de asegurarse soldados. Puede obligar a todos, o a cierto número, a ejercitarse en las armas sin abandonar sus oficios, y eso es una milicia; o puede tomar a un cierto número, separarlos del resto y hacer del oficio de soldado su única ocupación, y eso es un ejército permanente. La diferencia no está en el nombre sino en el carácter de la ocupación: en la milicia el oficio de soldado es accesorio y en el ejército permanente es principal. Y como en todas las artes, la división del trabajo produce aquí también su efecto: "los soldados que se ejercitan todos los días con las armas son necesariamente mucho más diestros" que los que solo lo hacen de vez en cuando. Pero más importante que la destreza es la disciplina, que solo se aprende bajo el mando de un jefe que el soldado obedece por costumbre. La regularidad, el orden y la pronta obediencia son lo que decide una batalla moderna, mucho más que el valor individual, y "el ruido de las armas de fuego, el humo y la muerte invisible a la que cada hombre se siente expuesto en todo momento" ponen a prueba esa disciplina de un modo que las armas antiguas no exigían. Un ejército permanente bien disciplinado es, por eso, superior a cualquier milicia.

Smith lo prueba con la historia. La milicia griega se batió bien contra otras milicias, pero cuando Filipo de Macedonia formó un ejército permanente sus vecinos fueron cayendo uno tras otro, y la inmensa milicia de Persia se derrumbó ante el ejército de Alejandro. Las guerras de Cartago y Roma son la ilustración más completa: en la primera guerra púnica se enfrentaron dos milicias y ganó Roma; en la segunda, el ejército de Aníbal, curtido por años de campaña en España, deshizo a las milicias romanas en todas las batallas de Italia hasta que la duración de la guerra convirtió también a los romanos en soldados profesionales, y la milicia cartaginesa que acudió a defender la ciudad fue vencida en Zama. Cuando el imperio decayó, sus ejércitos relajados por las guarniciones ociosas fueron vencidos por las milicias "feroces y rudas" de germanos y escitas, que al establecerse sobre sus ruinas se convirtieron a su vez en ejércitos permanentes. Pedro el Grande transformó a Rusia con uno. Y Smith recuerda que en 1745 cuatro o cinco mil montañeses escoceses indisciplinados asustaron a Gran Bretaña entera, pero que ni esa milicia habría resistido a un ejército permanente igual en número y bien conducido.

De esta superioridad sigue una conclusión que Smith enuncia con cuidado: solo por medio de un ejército permanente bien reglamentado puede un país civilizado defenderse, y solo por medio de él puede civilizarse un país bárbaro. Un ejército permanente establece en un momento la ley y la autoridad del soberano en las provincias remotas, y donde el soberano es a la vez el general, y la nobleza principal los oficiales, un ejército permanente no es peligroso para la libertad sino que puede ser favorable a ella: la seguridad que le da al soberano le permite tolerar en el pueblo un grado de libertad que en otras circunstancias sería peligroso. En Roma la libertad pública se extinguió cuando el ejército permanente pasó de las manos del Senado a las de los generales, y en Inglaterra no la amenaza porque el rey es su general y los grandes del reino sus oficiales. Smith lo dice sin rodeos: es "solo por medio de un ejército permanente bien reglamentado" que un grado considerable de libertad puede mantenerse en un país donde la autoridad del soberano, por sí sola, es tan reducida.

La última consideración es económica. En las sociedades rudas la guerra no cuesta al Estado y en las civilizadas cuesta cada vez más: primero por el mantenimiento de la tropa y después por el precio de las armas. Las armas de fuego han cambiado enteramente la naturaleza de la guerra: el cañón, el mosquete y las fortificaciones necesarias para resistirlos son costosísimos, y esa carestía da una ventaja evidente a la nación que mejor puede pagarlos, es decir, a la más rica y civilizada. Smith invierte con ello la moraleja de los tártaros: en la antigüedad los pueblos pobres y bárbaros tenían facilidad para invadir a los ricos, y hoy son los civilizados los que tienen la ventaja sobre los bárbaros.

En la guerra moderna, el gran gasto de las armas de fuego da una ventaja evidente a la nación que mejor puede permitirse ese gasto, y por consiguiente a una nación opulenta y civilizada sobre una pobre y bárbara. La invención de las armas de fuego, una invención que a primera vista parece tan perniciosa, es ciertamente favorable tanto a la permanencia como a la extensión de la civilización.

Parte II: de los gastos de justicia

El segundo deber del soberano es proteger, "en cuanto sea posible, a cada miembro de la sociedad contra la injusticia u opresión de cualquier otro miembro de ella", y como el anterior, cuesta cantidades muy distintas según el estado de la sociedad. Entre cazadores casi no hay propiedad, o al menos ninguna que exceda el valor de dos o tres días de trabajo, y por eso rara vez hay un magistrado establecido: los hombres solo se dañan en sus cuerpos o en su reputación, y las pasiones que llevan a eso, la envidia, el resentimiento, no actúan de forma constante. Pero con la propiedad cambia todo. Smith enuncia aquí su teoría del gobierno civil, que se lee con un aire de Rousseau y con los pies en el suelo de un escocés.

Dondequiera que hay gran propiedad hay gran desigualdad. Por cada hombre muy rico tiene que haber al menos quinientos pobres, y la opulencia de unos pocos supone la indigencia de muchos. La opulencia de los ricos excita la indignación de los pobres, que a menudo son movidos por la necesidad y empujados por la envidia a invadir sus posesiones. Solo bajo la protección del magistrado civil puede dormir una sola noche con seguridad el propietario de esa valiosa propiedad, adquirida con el trabajo de muchos años o quizá de muchas generaciones sucesivas.

La adquisición de propiedad valiosa exige, por lo tanto, un gobierno civil. Pero ese gobierno supone subordinación, y Smith explica de dónde sale la subordinación natural entre los hombres antes de que haya leyes. Encuentra cuatro causas: la superioridad de cualidades personales, que es un fundamento débil porque las del cuerpo valen poco y las de la mente son invisibles y disputadas; la edad, cualidad clara e indiscutible que da precedencia en toda sociedad; la fortuna, cuya autoridad es máxima en el estado de los pastores, donde un jefe tártar con cinco mil cabezas de ganado las reparte entre un millar de hombres que dependen de él y le obedecen en la guerra y en la paz, y menor en la sociedad opulenta, donde el rico gasta su renta en lujos y mantiene pocos criados; y el nacimiento, que no es más que la antigüedad de la riqueza, porque "no hay nada tan universalmente respetado como una familia antigua que ha sido rica durante generaciones". Nacimiento y fortuna son las dos circunstancias que dan mayor autoridad, y son las que en el estado de pastores hacen posible por primera vez el gobierno regular. De todo esto Smith extrae la frase más citada del capítulo, que los críticos de Smith gustan de recordar y sus admiradores de olvidar:

El gobierno civil, en cuanto se instituye para la seguridad de la propiedad, se instituye en realidad para la defensa de los ricos contra los pobres, o de los que tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna.

La historia de la justicia como institución es después la historia de cómo pasó de ser una fuente de ingreso a ser un gasto. En los gobiernos rudos, el jefe o soberano administraba justicia en persona y la administración era lucrativa: nadie se presentaba ante él sin un regalo, y una vez que la autoridad se consolidó, la parte culpable pagaba al soberano una multa además de la compensación a la parte ofendida. En los gobiernos tártaros, y en los de los pueblos germanos que se establecieron sobre las ruinas de Roma, la administración de justicia fue una de las principales fuentes de la renta del soberano, y por eso los grandes señores de la Europa feudal disputaban tanto por conservar sus jurisdicciones: eran rentas. Pero un sistema en el que el juez gana con la sentencia "no puede ser sino un sistema de la más gruesa corrupción": los regalos se dieron antes y después de las causas, las multas se ajustaron a lo que el condenado podía pagar, y el pueblo aprendió a temer al tribunal más que a la injusticia. Cuando el soberano delegó la justicia en jueces con salario y los regalos se prohibieron, el gasto pasó al Estado y las quejas se dirigieron entonces contra la lentitud y el costo de los procedimientos.

Smith aprovecha para exponer una idea que le es cara: que los tribunales pueden pagarse con sus propias tasas si estas se cobran de forma fija y regulada, se depositan en un fondo común y se distribuyen entre los jueces en proporción a su trabajo, y no según el favor de las partes. Cita como prueba la historia de los tribunales ingleses: el Tribunal del Rey, el de Causas Comunes y el del Tesoro competían entre sí por atraer pleitos, porque los jueces cobraban por causa, y esa competencia los llevó a extender su jurisdicción con ficciones legales y sobre todo a mejorar la justicia que administraban, "cada uno procurando, por medio de una expedición e imparcialidad superiores, atraer hacia sí tantas causas como pudiera". Una tasa de sello sobre los actos judiciales es un modo de financiar la justicia que Smith aprueba con reservas, mientras que financiarla con un impuesto general le parece menos justo, porque quienes recurren a los tribunales son los que deben pagarlos. Pero la condición de todo esto es que la remuneración del juez no dependa del resultado ni de la voluntad del poder ejecutivo. Y de ahí la conclusión sobre la separación de poderes, escrita casi en los mismos años que el Espíritu de las leyes recorría Europa:

Cuando el poder judicial está unido al ejecutivo, es apenas posible que la justicia no sea sacrificada con frecuencia a lo que vulgarmente se llama política. Las personas encargadas de los grandes intereses del Estado pueden, aun sin ninguna intención corrupta, imaginar a veces que es necesario sacrificar a esos intereses los derechos de un particular. Pero de la administración imparcial de la justicia depende la libertad de cada individuo, la sensación que cada uno tiene de su propia seguridad.

Para que cada hombre se sienta seguro en la posesión de todos sus derechos, el poder judicial no solo debe estar separado del ejecutivo sino ser tan independiente de él como sea posible: el juez no debe poder ser removido según el capricho del ejecutivo, y el pago regular de su salario no debe depender de la buena voluntad, ni siquiera de la buena administración, de ese poder.

Parte III: de los gastos de obras e instituciones públicas

El tercer y último deber del soberano es el de erigir y mantener "aquellas instituciones y obras públicas que, aunque puedan ser en el más alto grado ventajosas para una gran sociedad, son sin embargo de tal naturaleza que el beneficio nunca podría reembolsar el gasto a ningún individuo o pequeño número de individuos, y que por lo tanto no puede esperarse que ningún individuo o pequeño número de individuos erija o mantenga". Es la definición más precisa que da Smith de lo que hoy llamaríamos un bien público, y la formula por el lado del incentivo privado: no es que esas obras sean improductivas, es que su rendimiento se dispersa sobre tanta gente que nadie tiene motivo para costearlas solo. Después de la defensa y la justicia, esas obras e instituciones son principalmente las que facilitan el comercio de la sociedad y las que promueven la instrucción del pueblo, y a cada grupo Smith dedica un artículo, con un tercero para la instrucción religiosa.

Artículo I: de las obras e instituciones públicas para facilitar el comercio de la sociedad

Las obras que facilitan el comercio en general son los buenos caminos, los puentes, los canales navegables y los puertos, y es evidente que su gasto debe crecer con el comercio mismo: los caminos deben ser más anchos y sólidos cuando los cargan más carros, los puentes más fuertes y los puertos más amplios. Pero Smith sostiene que la mayor parte de esas obras pueden manejarse de modo que produzcan una renta particular suficiente para cubrir su propio gasto, sin cargar a la renta general de la sociedad. Un camino, un puente o un canal pueden en la mayoría de los casos hacerse y mantenerse con un pequeño peaje sobre los carruajes que los usan, y un puerto con un derecho moderado de tonelaje sobre los barcos que cargan o descargan en él. Cuando los carruajes pagan el peaje en proporción a su peso o tonelaje, "pagan por el mantenimiento de esas obras públicas exactamente en proporción al desgaste que les causan", y no hay modo más equitativo de costearlas. Y aunque el peaje lo adelante el transportista, lo paga en último término el consumidor, a quien el precio de los bienes se lo carga; pero como el buen camino abarata el transporte más de lo que el peaje lo encarece, el consumidor gana con el conjunto. Ese peaje debe ser además algo mayor sobre los carruajes de lujo que sobre los de carga, para que "la indolencia y vanidad de los ricos contribuyan de un modo muy fácil al alivio de los pobres", abaratando el transporte de las mercancías pesadas.

De este principio sale una regla de buena administración: cuando las obras se costean con la contribución de quienes las usan, solo se hacen donde el comercio las necesita, y se hacen del tamaño que el comercio requiere. Un gran camino no puede construirse en un desierto donde no hay comercio, ni un puente sobre un río donde nadie pasa, "simplemente para embellecer la vista desde las ventanas del palacio de un vecino". Cuando las obras las paga una renta que no viene de ellas, esa disciplina desaparece y las obras se hacen donde conviene al favor o a la vanidad y no al tráfico.

Smith distingue entre los canales y los caminos en cuanto a quién debe administrar el peaje. Los peajes de un canal pueden dejarse con seguridad en manos privadas, porque un canal que no se mantiene deja de ser navegable y el propietario pierde su renta: el canal de Languedoc, que costó al rey de Francia y a la provincia más de trece millones de libras, fue entregado al ingeniero Riquet y a su familia, a quienes el peaje da una gran fortuna y obliga a mantener la obra. Un camino, en cambio, puede descuidarse por completo sin dejar de ser transitable, y el dueño del peaje cobraría lo mismo con el camino hecho un lodazal; por eso los peajes de los caminos deben ponerse bajo comisionados, aunque Smith admite que los de Gran Bretaña se han ganado muchas quejas por mala administración y que el remedio es una inspección más severa del Parlamento.

Lo que rechaza de plano es el proyecto, entonces en discusión, de convertir los peajes en una renta general del gobierno. Los peajes se elevarían según las necesidades del Estado y no del camino, y ese aumento recaería sobre las mercancías pesadas y baratas, las que consume el pueblo; un impuesto proporcionado al peso es justo mientras compensa el desgaste del camino, pero muy injusto si se destina a otra cosa, porque una tonelada de carbón pagaría lo mismo que una de encaje; y si el gobierno descuidara los caminos, nadie podría obligarlo a aplicarles el dinero. Francia es la prueba: los grandes caminos de posta, que interesan a la corte, son magníficos, y los vecinales, que interesan al pueblo, intransitables. De ahí una conclusión que Smith extiende a todo el capítulo: las obras de carácter local están mejor bajo una administración local, porque "los abusos que a veces se cometen en la administración local de una provincia, aunque grandes, son en general muy pequeños comparados con los que ocurren en la administración de la renta de un gran imperio".

Las obras que facilitan ramas particulares del comercio son otra cosa: fuertes en las costas de África o de la India, embajadores y cónsules en los países civilizados. Esa protección se confió en Europa a compañías de comerciantes, y Smith distingue las compañías reguladas, en las que cada socio comercia por su cuenta bajo reglas comunes, de las compañías por acciones, que comercian con un capital común. Las reguladas, como las de Hamburgo, Rusia, Turquía y África, son en todo semejantes a los gremios: restringen la competencia con cuotas de admisión y reglamentos, "en su mayor parte han sido más perjudiciales que útiles", y mantuvieron mal los fuertes que se les encargaron porque cada socio tenía interés en usarlos y ninguno en pagarlos. Las compañías por acciones son más interesantes. Al ser dirigidas por directores, y no por unos socios que pueden vender sus acciones sin permiso de nadie, atraen capitales mucho mayores, y por eso son las únicas que han podido sostener comercios lejanos y peligrosos. Pero su carácter contiene el defecto que Smith señala en una de las páginas más citadas cuando se discute el gobierno de las empresas modernas:

Los directores de esas compañías, sin embargo, siendo administradores del dinero de otros y no del propio, no puede esperarse que lo vigilen con la misma ansiosa vigilancia con que los socios de una sociedad privada vigilan frecuentemente el suyo. Como los mayordomos de un hombre rico, se inclinan a considerar que la atención a las cosas pequeñas no conviene al honor de su amo, y se dispensan muy fácilmente de tenerla. La negligencia y la profusión, por lo tanto, tienen que prevalecer siempre, más o menos, en la administración de los negocios de una compañía así.

Por eso las compañías por acciones rara vez han podido competir con los aventureros privados y casi nunca han prosperado sin privilegio exclusivo, y muchas veces ni con él. Smith recorre sus historias con cifras: la Compañía Real de África, que después de perder el monopolio en 1698 arrastró deudas hasta disolverse; la de la Bahía de Hudson, que vive de un monopolio de hecho porque nadie más va tan lejos; la de los Mares del Sur, que perdió dinero con el comercio de esclavos, más aún con la pesca de ballenas y terminó en la "locura y fraude" de la burbuja de 1720. Pero la mayor parte del artículo es la historia de la Compañía de las Indias Orientales, desde su carta de Isabel en 1600 hasta la reforma de 1773, y sobre todo el momento en que las guerras de la India la convirtieron de compañía de comerciantes en soberano territorial, dueña de Bengala y de rentas de más de tres millones de libras. Ese ascenso no la hizo más rica: sus servidores dilapidaron las rentas, sus deudas crecieron, tuvo que pedir prestado al gobierno y renunciar al dividendo. El diagnóstico de Smith es que el mal está en la naturaleza de la cosa:

Ningunos otros soberanos fueron nunca, ni por la naturaleza de las cosas podrían serlo jamás, tan perfectamente indiferentes a la felicidad o la miseria de sus súbditos, al mejoramiento o la ruina de sus dominios, a la gloria o la desgracia de su administración, como, por causas morales irremediables, lo son y deben serlo la mayor parte de los propietarios de una compañía mercantil semejante.

Al accionista le interesa el dividendo; los directores están lejos; los servidores en la India son a la vez comerciantes por su cuenta y amos de un país del que nada les importa sino lo que puedan sacar antes de volver. Smith es explícito en que no acusa a los individuos, "hombres tan honrados como cualquier otro", sino a un sistema que pone sus intereses en contradicción con los del país. El comerciante quiere comprar barato y vender caro; el soberano quiere que sus súbditos prosperen; una compañía que es lo uno y lo otro será mal soberano para mejorar su comercio y mal comerciante para no arruinar del todo a sus súbditos. La conclusión es la del Libro IV: un privilegio exclusivo puede justificarse por unos años, como una patente, para compensar el riesgo de abrir un comercio nuevo, pero debe expirar, y los fuertes pasar al gobierno.

El artículo termina con una regla que la experiencia posterior confirmaría con bastante precisión. Sin privilegio exclusivo, las compañías por acciones solo pueden prosperar en negocios cuyas operaciones "puedan reducirse a lo que se llama una rutina, o a una uniformidad de método tal que admita poca o ninguna variación". Smith encuentra cuatro: la banca, los seguros, los canales navegables y el abastecimiento de agua a las grandes ciudades, negocios de reglas fijas donde la vigilancia de los directores basta y donde además la utilidad pública es mayor y el capital necesario supera lo que una sociedad privada podría reunir. Fuera de esos casos, la compañía por acciones es un mal ejemplo de administración de capital ajeno, y las que se intentaron en la minería, la pesca o las manufacturas fracasaron o vivieron de subvenciones.

Artículo II: de los gastos de las instituciones para la educación de la juventud

Las instituciones para la educación de la juventud pueden también producir una renta suficiente para cubrir su gasto: los honorarios que el estudiante paga al maestro son una fuente natural de ingreso. Y aun cuando la recompensa del maestro no viniera enteramente de ellos, Smith sostiene que no hace falta que salga de la renta general de la sociedad; en la mayor parte de Europa la dotación de las escuelas y universidades proviene de fundaciones particulares o de rentas locales. Pero la pregunta que le importa no es de dónde sale el dinero sino qué hace el dinero con el maestro, y aquí Smith aplica a la universidad la misma teoría del incentivo que aplica a todo:

En toda profesión, el esfuerzo de la mayor parte de los que la ejercen es siempre proporcionado a la necesidad que tienen de hacer ese esfuerzo. Esa necesidad es mayor para aquellos a quienes los emolumentos de su profesión constituyen el único ingreso del que pueden esperar su fortuna, o incluso su subsistencia ordinaria.

Las dotaciones de las escuelas y los colegios han disminuido necesariamente la necesidad de aplicación de los maestros. Cuando el salario del profesor es fijo, no importa si enseña bien o mal, y "es de su interés, en el sentido vulgar de la palabra, hacer tan poco como pueda". Si además la autoridad a la que está sometido es un cuerpo compuesto por los propios profesores, cada uno consentirá al otro que descuide su deber a cambio de que le consientan descuidar el suyo. Y si la autoridad reside en un obispo o un gobernador extraño a la universidad, el profesor será sometido a una disciplina arbitraria y humillante que no lo hará más diligente sino más servil. De ahí la sentencia que le costó a Smith la enemistad de su antigua universidad: "En la universidad de Oxford, la mayor parte de los profesores públicos han renunciado desde hace muchos años incluso al pretexto de enseñar". El contraste es con las universidades en que el profesor cobra de sus alumnos, que son, no por casualidad, las escocesas.

Smith añade otra observación: donde el profesor tiene que buscarse alumnos, la competencia lo hará tan bueno como pueda; pero donde la disciplina obliga a los alumnos a asistir a las clases del profesor de su colegio, o donde las becas están ligadas a un colegio determinado, el profesor puede ser tan malo como quiera sin perder a nadie, y se vale de expedientes: leer un libro en lugar de enseñar, y hacerlo en una lengua muerta para que se note menos. "La disciplina de los colegios y universidades está en general ideada no para el beneficio de los estudiantes sino para el interés, o más propiamente para la comodidad, de los maestros." Los profesores privados que compiten con las universidades, en cambio, se ven obligados a enseñar bien, y en las artes que las universidades no enseñan, como la esgrima o el baile, la educación privada es mucho mejor.

Viene después una historia de lo que se enseña. Las universidades europeas nacieron como corporaciones eclesiásticas para formar clérigos y su plan de estudios se armó para eso: latín, griego y hebreo, y luego la filosofía antigua, a la que la escolástica añadió una metafísica que convirtió la ciencia de la naturaleza en una ciencia de los espíritus y una casuística "que raras veces tiene nada que ver con la conducta humana". Cuando la filosofía mejoró, las universidades no fueron las primeras en adoptar las mejoras y algunas fueron las últimas: "han preferido permanecer durante mucho tiempo como los santuarios en que los sistemas desterrados y los prejuicios obsoletos encontraban refugio y protección después de haber sido expulsados de todos los rincones del mundo". Por eso los jóvenes de familia son enviados al extranjero después de la escuela, en el llamado gran tour, del que vuelven, según Smith, "más presumidos, más disipados y más incapaces de aplicación"; el descrédito de las universidades es lo que ha dado prestigio a ese viaje absurdo.

Entre los antiguos no había instituciones públicas de enseñanza salvo las de los ejercicios militares y gimnásticos, que el Estado cuidaba porque necesitaba soldados. Todo lo demás se aprendía de maestros que vivían de sus alumnos, Platón y Aristóteles incluidos, y sin embargo la educación de las clases altas en Grecia y Roma fue "tan buena como en cualquier parte del mundo", lo que basta para mostrar que las instituciones públicas no son necesarias para que se enseñe lo que la gente quiere aprender. Smith remata con la educación de las mujeres, que no tenía instituciones públicas de ningún tipo y por eso mismo no contenía nada inútil o absurdo: "se les enseña lo que sus padres o tutores juzgan que es necesario o útil que aprendan, y nada más".

Y entonces se hace la pregunta de fondo: ¿debe el público ocuparse de la educación del pueblo? Si nadie hiciera nada, ¿saldría mejor o peor? La respuesta de Smith depende del estado de la sociedad, y aquí el autor que había hecho de la división del trabajo el motor de la riqueza en la primera página del Libro I la mira por su otra cara. En las sociedades rudas cada hombre tiene que hacer de todo, y esa variedad de ocupaciones mantiene la mente despierta: los salvajes, los pastores y los agricultores de las sociedades primitivas son, dice Smith, "más inventivos" que los obreros civilizados, aunque no puedan acumular sus inventos. En la sociedad civilizada, la mayoría de la gente vive de unas pocas operaciones simples, muchas veces de una o dos.

El hombre cuya vida entera se pasa realizando unas pocas operaciones simples, cuyos efectos también son quizá siempre los mismos, o casi los mismos, no tiene ocasión de ejercitar su entendimiento ni de emplear su inventiva en encontrar expedientes para dificultades que nunca se presentan. Pierde, por lo tanto, naturalmente el hábito de ese ejercicio, y en general se vuelve tan estúpido e ignorante como es posible que llegue a ser una criatura humana. El entorpecimiento de su mente lo vuelve no solo incapaz de disfrutar o de tomar parte en cualquier conversación racional, sino de concebir ningún sentimiento generoso, noble o tierno, y por consiguiente de formar ningún juicio justo aun acerca de muchos de los deberes ordinarios de la vida privada.

No es capaz de juzgar los grandes intereses de su país ni, si no se toma un cuidado especial, de defenderlo, porque su cuerpo se ha vuelto incapaz de esfuerzos variados y su espíritu de decisiones. "Su destreza en su propio oficio particular parece adquirida, de este modo, a expensas de sus virtudes intelectuales, sociales y marciales. Pero en toda sociedad civilizada y progresiva ese es el estado en que necesariamente caen los pobres que trabajan, es decir, el grueso del pueblo, a menos que el gobierno tome alguna precaución para impedirlo." Es un pasaje que Marx leería con atención, y que muchos lectores modernos de Smith prefieren no ver, pero está aquí, en el corazón de su argumento a favor de la educación pública.

La precaución que Smith propone es limitada y concreta. Las partes más esenciales de la educación, leer, escribir y contar, pueden adquirirse tan temprano que aun los niños destinados a los oficios más humildes tienen tiempo de aprenderlas antes de emplearse. El público puede facilitarlo estableciendo en cada parroquia una escuela donde los niños puedan enseñarse por un precio tan módico que hasta un jornalero pueda pagarlo, con el maestro pagado en parte, pero no del todo, por el público, "porque si fuera pagado del todo, o incluso principalmente, aprendería pronto a descuidar su trabajo". Es el sistema de las escuelas parroquiales de Escocia, que según Smith ha enseñado a leer a casi todo el pueblo, y el de las escuelas de caridad de Inglaterra, menos extendido. Sugiere que en esas escuelas, en lugar del poco de latín que a veces se enseña y que "rara vez les es de alguna utilidad", se enseñen los elementos de la geometría y la mecánica, que son la introducción a las ciencias más sublimes y útiles para casi todos los oficios; que se estimule con pequeños premios a los niños que sobresalgan, y que se exija a todos un examen de esas partes esenciales antes de admitirlos en un gremio o de permitirles ejercer un oficio en una villa o corporación. Y sobre el mismo modelo, propone que el Estado fomente los ejercicios militares del pueblo como los griegos y los romanos, con premios y con el requisito del examen, no para reemplazar el ejército permanente sino porque un pueblo sin espíritu marcial está expuesto a los peligros de la cobardía, que es una deformidad tan grave como la mutilación, y porque la seguridad de una sociedad se apoya en el espíritu marcial de su gente aunque su defensa dependa del ejército.

El argumento final es político. Aun si el Estado no sacara ninguna ventaja de la instrucción del pueblo, valdría la pena que no fuera enteramente ignorante; pero saca ventajas evidentes. "Cuanto más instruido está el pueblo, menos expuesto está a las ilusiones del entusiasmo y la superstición, que entre las naciones ignorantes ocasionan a menudo los desórdenes más espantosos." Un pueblo instruido es más decente y ordenado, se respeta más a sí mismo y es más capaz de hacerse respetar por sus superiores, "está más dispuesto a examinar y más capacitado para ver a través de las quejas interesadas de la facción y la sedición", y por eso es menos fácil de arrastrar contra las medidas del gobierno. En los países libres, donde la seguridad del gobierno depende del juicio favorable que el pueblo forme de su conducta, es de la mayor importancia que ese pueblo no esté dispuesto a juzgar de forma temeraria y caprichosa.

Artículo III: de los gastos de las instituciones para la instrucción de las personas de todas las edades

Las instituciones para la instrucción de las personas de todas las edades son principalmente las de la religión, y su objeto no es tanto hacer buenos ciudadanos en este mundo como prepararlos para otro mejor en el que ha de venir. Sus maestros pueden depender enteramente de las contribuciones voluntarias de sus oyentes o de un fondo al que la ley les da derecho, tierras, diezmos, un salario fijo; y aquí Smith repite, con una vuelta de tuerca, lo que dijo de los profesores. Los maestros de una religión nueva tienen siempre una ventaja considerable sobre los de una religión establecida, porque viven de la voluntad de sus oyentes y ponen en ganárselos todo el celo y la industria de que son capaces; los clérigos de una iglesia establecida, "reposando en sus beneficios", descuidan mantener viva la fe y la devoción del pueblo, y cuando son atacados por un adversario popular y audaz se muestran tan incapaces de defenderse "como las indolentes, afeminadas e hinchadas naciones del sur de Asia" lo fueron ante los tártaros. En Europa el clero católico, cuando la Reforma lo atacó, tuvo que recurrir a las órdenes mendicantes, que viven de la caridad y son por lo tanto celosas, para hacer frente a los reformadores.

Smith se detiene a citar largamente un pasaje de David Hume, "el más ilustre filósofo e historiador de la época presente", que en su Historia de Inglaterra defendía las iglesias establecidas con un argumento cínico y brillante: en la mayor parte de las profesiones el interés privado del que las ejerce coincide con el del público, pero en la profesión del clérigo el celo excesivo es dañino, porque cada predicador que vive de sus oyentes tiene interés en excitar sus pasiones con "todas las artes del fanatismo y la superstición", y compite con sus rivales en exageración; por eso, concluye Hume, la política más prudente del magistrado civil es "sobornar su indolencia" asignando salarios fijos a los clérigos y quitándoles el incentivo de la actividad. Smith, que se declara de acuerdo con casi todo, discrepa en la conclusión. Si el gobierno no hubiera favorecido a ninguna secta y hubiera dejado a cada hombre elegir su sacerdote, como hicieron los independientes ingleses hacia el final de la guerra civil, habría habido no dos o tres sectas sino miles, y ninguna lo bastante grande para perturbar la tranquilidad pública. Los maestros de cada secta, rodeados de más adversarios que amigos, se verían obligados a aprender "esa franqueza y moderación que tan raras veces se encuentran entre los maestros de las grandes sectas", y quizá la religión pura y racional que los sabios de todos los tiempos han deseado ver establecida se produciría por sí sola en un país donde hubiera muchas sectas pequeñas. Es lo que ocurre en Pensilvania, donde los cuáqueros son los más numerosos pero la ley no favorece a nadie, y lo que ha ocurrido siempre que las sectas son suficientemente numerosas.

Smith añade una sociología de las sectas que no aparece en ningún otro sitio de la obra. En toda sociedad civilizada hay dos sistemas de moral, el estricto o austero y el liberal o relajado: el primero es el de la gente común y el segundo el de la gente de mundo, porque el rico puede permitirse los excesos de la disipación y el pobre no, ya que "una sola semana de disipación puede arruinar para siempre a un obrero pobre". Las sectas nuevas nacen casi siempre entre la gente común y adoptan siempre el sistema austero, muchas veces hasta la exageración. El hombre de baja condición que llega a una gran ciudad se pierde en la oscuridad, nadie observa su conducta y él mismo la descuida, hasta que se afilia a una secta pequeña, donde vuelve a ser observado y adquiere un carácter. La moral de las sectas es por eso "notablemente regular y ordenada, mucho más que la de la iglesia establecida", aunque sus rigores sean a veces desagradablemente ásperos. Contra ese exceso Smith propone dos remedios que no tienen nada que ver con la represión: el estudio de la ciencia y la filosofía, que el Estado puede promover con el examen previo a las profesiones liberales, porque "la ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición"; y las diversiones públicas, la pintura, la poesía, la música, el teatro, que el Estado puede fomentar dando plena libertad a los que quieran divertir al pueblo, porque "las diversiones públicas han sido siempre el objeto del temor y del odio de todos los promotores del fanatismo".

Después de este análisis, Smith recorre las relaciones entre el clero y el soberano en la historia de Europa. Donde hay una religión establecida, el soberano tiene que manejar a su clero como a un partido, con el temor y la esperanza, y con frecuencia es el partido más difícil. La Iglesia de Roma de la Edad Media, una gran corporación bajo un jefe extranjero, dueña de una parte enorme de la tierra de todos los reinos y que gastaba sus rentas como los grandes señores, en mantener multitudes de dependientes, fue "la combinación más formidable que jamás se haya formado contra la autoridad y la seguridad del gobierno civil, y contra la libertad, la razón y la felicidad de la humanidad". Pero su poder cayó por la misma causa que el de los barones feudales: el progreso de las artes y el comercio le dio al clero cosas en que gastar su renta para sí, y con eso perdió a sus dependientes. Cuando la Reforma llegó, la Iglesia ya no tenía ni al pueblo ni a los príncipes de su lado.

Sigue una comparación entre los dos modelos reformados. Los luteranos y la iglesia de Inglaterra conservaron el gobierno episcopal y dieron al soberano el nombramiento de los obispos, lo que hizo del clero un cuerpo que busca el favor de arriba y descuida al pueblo. Los calvinistas establecieron la elección del sacerdote por el pueblo, que produjo tanta confusión que casi en todas partes fue sustituida por el patronato, y la igualdad entre los clérigos, que quedó y que Smith elogia: donde los beneficios son casi iguales y ninguno muy rico, el clérigo no gana nada adulando a los grandes y se hace respetar de su parroquia por su conducta, y "no hay quizá en toda Europa otro clero más sabio, decente, independiente y respetable que el de la iglesia presbiteriana de Holanda, Ginebra, Suiza y Escocia". Los beneficios moderados tienen otra ventaja: en un país donde la Iglesia es rica los talentos van a la Iglesia y las universidades quedan vacías de ellos, como en Francia; en Escocia, donde la Iglesia es pobre y los profesores viven de sus alumnos, los hombres de letras viven en las universidades. La renta entera de la Iglesia de Escocia, unas sesenta y ocho mil libras, es una suma muy moderada para todo lo que produce; para sostener la religión no hacen falta grandes rentas.

Parte IV: de los gastos para sostener la dignidad del soberano

Además del gasto necesario para cumplir sus deberes, el soberano necesita cierto gasto para sostener su dignidad, y ese gasto también varía con el estado de la sociedad. En una sociedad donde el pueblo no tiene sino lo necesario, el soberano no puede tener mucho más; en una sociedad opulenta, en que las casas, los muebles, la mesa y el vestido de los particulares son cada vez más magníficos, se esperaría que el soberano, o quien lo represente, viviera con una magnificencia proporcionada, "porque la dignidad, como el honor, parece exigir cierta magnificencia exterior". Un rey en una sociedad opulenta debe gastar más que un rey en una sociedad pobre, y más un rey que la persona que gobierna una república.

Conclusión

La conclusión reúne los principios de financiación de las cuatro partes. El gasto de defensa y el de la dignidad del soberano benefician a toda la sociedad y es razonable que los pague la contribución general, cada cual en proporción a lo que pueda. El de la justicia también beneficia a toda la sociedad, pero como quienes se benefician directamente son las personas que recurren a los tribunales, no hay impropiedad en que lo paguen ellas con tasas judiciales. Las obras e instituciones locales, como el alumbrado y la policía de una ciudad, deben pagarse con una renta local, porque "es injusto que la sociedad entera contribuya a un gasto cuyo beneficio se limita a una parte de ella". Los caminos y las instituciones de educación y de religión son ventajosos para todos y podrían pagarse por la contribución de todos, pero como quienes los usan pueden pagarlos con peajes, honorarios y contribuciones, es más natural y más justo que se sostengan así, y solo el déficit debe cubrirse con la contribución general. De las fuentes de esa contribución general, es decir, de los impuestos, trata el capítulo siguiente.

Lo que hay que llevarse de este capítulo

Este capítulo es el programa de gobierno de Smith, y quien lo lee entero encuentra a un autor bastante menos minimalista que el de la caricatura. El Estado debe defender a la sociedad, y en una sociedad civilizada eso exige un ejército permanente pagado por todos, que no amenaza la libertad si el soberano lo manda; debe administrar justicia con jueces independientes del poder ejecutivo, porque de ellos depende la seguridad de cada persona; y debe hacer o mantener las obras e instituciones que nadie haría por sí mismo porque el beneficio se reparte sobre demasiada gente. Dentro de ese tercer deber caben los caminos, los puentes, los canales y los puertos, que es mejor que paguen quienes los usan y administren quienes están cerca; y cabe la educación elemental del pueblo, con escuelas en cada parroquia, porque la división del trabajo que hace rica a la sociedad hace del obrero "tan estúpido e ignorante como es posible que llegue a ser una criatura humana" si el gobierno no lo impide. En todo momento Smith aplica la misma regla: quien se beneficia debe pagar cuando se puede, y quien cobra debe cobrar de tal manera que le convenga hacer bien su trabajo. Esa regla explica sus preferencias, jueces y profesores que cobren de quienes los usan, maestros de parroquia pagados solo en parte por el público, sacerdotes de sectas pequeñas y clérigos presbiterianos con rentas moderadas, y explica también su sospecha hacia las compañías por acciones, donde los directores administran dinero ajeno y la "negligencia y profusión" son inevitables, salvo en los negocios que se reducen a una rutina. Y explica, por último, que el gobierno civil que protege la propiedad sea, en su descripción sin rodeos, una institución "para la defensa de los ricos contra los pobres", frase que no es una denuncia sino la constatación de por qué el gobierno cuesta lo que cuesta y de por qué hay que pagarlo.

Capítulo II: De las fuentes de la renta general o pública de la sociedad

Después de los gastos, los ingresos. La renta que debe cubrir no solo la defensa y la dignidad del soberano sino todos los demás gastos del gobierno para los que la constitución del Estado no haya previsto un ingreso particular puede salir, dice Smith, de dos lugares: de un fondo que pertenezca al soberano o a la república y sea independiente de la renta del pueblo, o de la renta del pueblo mismo. La primera parte del capítulo, breve, despacha la primera opción, el capital y las tierras del Estado, y concluye que ninguna alcanza; la segunda, enorme, es el tratado de Smith sobre los impuestos, que empieza con las cuatro máximas de la tributación que se citan desde entonces en todos los manuales de finanzas públicas y sigue con una revisión de cada clase de impuesto según la fuente de renta sobre la que se pretende que caiga: la renta de la tierra, el beneficio del capital, los salarios del trabajo y, por último, todas las fuentes a la vez, que es donde entran los impuestos al consumo. Lo que Smith persigue en cada caso es la misma pregunta que la teoría fiscal moderna llama la incidencia: no quién adelanta el impuesto sino quién lo paga finalmente, que muy pocas veces es la misma persona.

Parte I: de los fondos o fuentes de renta que pueden pertenecer al soberano o a la república

Los fondos propios del soberano solo pueden consistir en capital o en tierra. Del capital puede sacar beneficio, empleándolo él mismo, o interés, prestándolo. La renta de un jefe tártaro o árabe consiste en beneficio, el de sus propios rebaños, pero solo en ese estado, el más rudo del gobierno civil, el beneficio ha sido la parte principal de la renta de una monarquía. Algunas repúblicas pequeñas viven en parte de proyectos mercantiles, como Hamburgo con una bodega de vinos y una botica públicas, y Smith comenta que "no puede ser muy grande el Estado cuyo soberano tiene tiempo de ejercer el oficio de vinatero o boticario". El beneficio de un banco público ha servido a Venecia y Ámsterdam, y hubo quien calculó lo que ganaría Gran Bretaña tomando en sus manos el Banco de Inglaterra; pero una cosa es la administración ordenada y parsimoniosa de esas aristocracias y otra un gobierno como el inglés, "que, cualesquiera que sean sus virtudes, nunca ha sido famoso por su buena economía", y que en la paz se conduce con la profusión negligente de las monarquías y en la guerra con la extravagancia irreflexiva de las democracias. El correo es el único proyecto mercantil manejado con éxito por toda clase de gobiernos, porque el capital es pequeño, el negocio no tiene misterio y los retornos son inmediatos. Fuera de eso, los príncipes que se han metido a comerciantes casi nunca han tenido éxito, porque sus agentes consideran inagotable la riqueza de su amo, no les importa a qué precio compran ni venden, y a veces, con un modo apropiado de llevar las cuentas, adquieren fortunas de príncipes: así arruinaron los agentes de Lorenzo de Médici el comercio de su casa hasta que la república de Florencia tuvo que pagar sus deudas. "No hay dos caracteres que parezcan más incompatibles que los de comerciante y soberano", y la Compañía de las Indias Orientales lo prueba por los dos lados: si el espíritu mercantil la hizo mal soberano, el espíritu de soberanía la ha hecho igualmente mal comerciante.

Del interés vive en parte el cantón de Berna, que presta su tesoro a los Estados endeudados de Europa, con la doble fragilidad de depender de la buena fe del deudor y de la paz; y Pensilvania inventó un modo de prestar no dinero sino su equivalente, billetes de crédito adelantados con interés y garantía de tierras, de curso legal en la provincia, que cubrían buena parte de los gastos de aquel "gobierno frugal y ordenado" gracias a una moderación que las otras colonias no tuvieron. Pero el capital y el crédito son inestables y perecederos, y ningún gran Estado que haya pasado del estado pastoril ha vivido de ellos.

La tierra es un fondo más estable, y la renta de las tierras públicas bastó durante mucho tiempo a las repúblicas antiguas y a los soberanos feudales, porque el Estado gastaba poco: cada ciudadano era soldado a su costa, la justicia era una fuente de ingreso y no de gasto, seis días de trabajo de los campesinos en torno a la cosecha bastaban para los caminos, y el gasto principal del soberano era su propia casa, por lo cual los oficiales de su casa, el tesorero, el mayordomo, el chambelán, el condestable, eran los grandes oficiales del Estado. Hoy la renta de todas las tierras de un país apenas alcanzaría la renta ordinaria que se cobra al pueblo en paz: Gran Bretaña recauda más de diez millones al año, y la renta de todas sus tierras se estima, un poco al azar, en veinte, que en manos de un solo propietario, "bajo la administración negligente, costosa y opresiva de sus factores y agentes", no darían ni la cuarta parte, como no la dan las tierras de la corona. Y aquí Smith introduce el argumento decisivo: la renta que el pueblo saca de la tierra no está en proporción a la renta del propietario sino al producto, que es tres veces mayor. Todo lo que mantiene el producto por debajo de lo posible reduce la renta del pueblo mucho más que la de los propietarios, y la población en el número de personas que ese producto mantendría. Las grandes extensiones de la corona en las monarquías de Europa, bosques "donde después de viajar varias millas apenas se encuentra un árbol", son un puro desperdicio de país; vendidas, pagarían deudas públicas y en pocos años estarían cultivadas, y el aumento del consumo aumentaría las aduanas y las sisas. La renta de las tierras de la corona, "aunque parece no costar nada a los particulares, en realidad cuesta a la sociedad más que quizá ninguna otra renta igual que la corona disfrute". Las únicas tierras que en una gran monarquía deberían pertenecer a la corona son las de placer y magnificencia, parques, jardines y paseos públicos, que son causas de gasto y no fuentes de ingreso. Ni el capital ni las tierras públicas son fondos apropiados ni suficientes, y la mayor parte del gasto de un gran Estado civilizado tiene que pagarse con impuestos.

Parte II: de los impuestos

La renta privada de los individuos nace, como se mostró en el Libro I, de tres fuentes: la renta de la tierra, el beneficio y los salarios. Todo impuesto tiene que pagarse finalmente de alguna de esas tres, o de todas indistintamente, y ese es el criterio con que Smith ordena su revisión: los impuestos que se pretende que caigan sobre la renta, los que se pretende que caigan sobre el beneficio, los que se pretende que caigan sobre los salarios y los que se pretende que caigan sobre las tres fuentes a la vez, con la advertencia de que muchos de ellos "no se pagan finalmente del fondo sobre el cual se pretendía que cayeran". Pero antes de examinar impuestos particulares, Smith enuncia cuatro máximas sobre los impuestos en general, y estas cuatro máximas son, junto con la mano invisible y la división del trabajo, la parte más citada de toda la obra.

La primera es la igualdad: los súbditos de todo Estado deben contribuir al sostén del gobierno "tanto como sea posible en proporción a sus respectivas capacidades, es decir, en proporción a la renta que respectivamente disfrutan bajo la protección del Estado", como los coarrendatarios de una gran finca contribuyen al gasto de administración en proporción a sus intereses en ella. Todo impuesto que cae solo sobre una de las tres clases de renta es necesariamente desigual en cuanto no afecta a las otras dos. La segunda es la certeza: el impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario; el momento, el modo y la cantidad deben ser claros para el contribuyente y para cualquier otra persona, porque de lo contrario cada contribuyente queda más o menos en poder del recaudador, que puede agravar el impuesto al contribuyente que le desagrada o extorsionarle un regalo con la amenaza de hacerlo. Y aquí Smith deja una sentencia que la experiencia de todas las naciones confirma: "un grado muy considerable de desigualdad no es, ni con mucho, un mal tan grande como un grado muy pequeño de incertidumbre". La tercera es la comodidad: todo impuesto debe cobrarse en el momento y del modo en que sea más probable que al contribuyente le resulte cómodo pagarlo, como el impuesto sobre la renta de la tierra que vence cuando vence la renta, o los impuestos sobre los artículos de lujo que el consumidor paga poco a poco, a medida que compra, y que puede evitar si no quiere comprar. La cuarta es la economía, y es la que Smith desarrolla más:

Todo impuesto debe estar ideado de tal manera que saque y mantenga fuera de los bolsillos del pueblo lo menos posible por encima de lo que ingresa en el tesoro público del Estado.

Un impuesto puede sacar del bolsillo del pueblo mucho más de lo que ingresa en el tesoro de cuatro maneras. Primero, si su recaudación exige un gran número de funcionarios cuyos salarios se comen buena parte del producto y cuyas gabelas imponen otro impuesto adicional. Segundo, si obstruye la industria del pueblo y lo desalienta de dedicarse a ramos que podrían dar empleo a multitudes, con lo cual, al obligarlo a pagar, disminuye o destruye los fondos que le permitirían pagar más fácilmente. Tercero, por las confiscaciones y penas que arruinan a los desdichados que intentan sin éxito evadirlo: un impuesto imprudente ofrece una gran tentación al contrabando, y "la ley, contra todos los principios ordinarios de la justicia, primero crea la tentación y después castiga a quienes ceden a ella", agravando además el castigo en proporción a la circunstancia que debería atenuarlo. Cuarto, por las visitas frecuentes y el examen odioso de los recaudadores, que exponen al pueblo a molestias, vejaciones y opresión innecesarias; y aunque la vejación no es estrictamente un gasto, "es ciertamente equivalente al gasto con que cada hombre estaría dispuesto a redimirse de ella". Todas las naciones han procurado que sus impuestos fueran iguales, ciertos, cómodos y poco gravosos, y la revisión que sigue muestra que no todas lo han logrado con el mismo éxito.

Artículo I: impuestos sobre la renta

Un impuesto sobre la renta de la tierra puede imponerse según una valuación fija o de modo que varíe con la renta real. El de Gran Bretaña es del primer tipo: se fijó en tiempos de Guillermo y María con una valuación ya entonces desigual, y el tiempo la ha hecho más desigual. Ofende contra la primera máxima y cumple perfectamente las otras tres: es cierto, se paga cuando se paga la renta, lo recaudan pocos funcionarios, y como no sube con la renta, el soberano no participa de las mejoras del propietario y no desalienta ninguna. Pero la ventaja que los propietarios han sacado de la constancia de la valuación se debe a circunstancias ajenas al impuesto: las rentas han subido continuamente desde entonces, y el valor de la plata y la ley de la moneda no han cambiado. Si las rentas hubieran bajado, o la plata hubiera cambiado mucho de valor, la misma constancia habría sido muy opresiva para el propietario o muy ruinosa para el soberano, y en el curso de los siglos esas circunstancias necesariamente ocurren. De ahí una regla que va más allá del impuesto: "aunque los imperios, como todas las demás obras de los hombres, han resultado hasta ahora mortales, todo imperio aspira a la inmortalidad", y toda institución que se pretende tan permanente como el imperio debe ser conveniente no en ciertas circunstancias sino en todas.

Por eso Smith simpatiza con un impuesto que varíe con la renta real, el que recomendaban "esa secta de hombres de letras de Francia que se llaman a sí mismos los economistas", los fisiócratas, con la teoría de que todos los impuestos caen finalmente sobre la renta de la tierra; Smith no entra en "la desagradable discusión de los argumentos metafísicos" con que la sostienen. Le basta el ejemplo de Venecia, donde las tierras arrendadas pagan un décimo de la renta según contratos inscritos en un registro público. Ese impuesto es más igual que el inglés, aunque menos cierto y más caro de recaudar, y Smith diseña una administración para corregirlo: obligar a inscribir los contratos, con penas contra la ocultación y una parte de la pena para el que denuncie al otro. El registro permitiría además usar el impuesto para mejorar la agricultura, gravando más las primas por renovación de contrato, que son "el expediente de un pródigo" y dejan al arrendatario sin capital; las rentas en especie y en servicios, que dejan a los arrendatarios "pobres y mendigos" en todos los países donde existen; y las cláusulas que imponen un modo de cultivo, fruto de "la presunción del propietario sobre su superior conocimiento, presunción en la mayoría de los casos muy mal fundada"; y concediendo una rebaja al propietario que cultive parte de sus tierras, porque puede permitirse experimentos que benefician a todo el país, pero solo hasta cierta extensión, para que el país no se llene "de administradores ociosos y disolutos" en lugar de arrendatarios sobrios e industriosos.

La objeción más seria es que un impuesto variable desalienta las mejoras, porque el soberano, que no contribuye al gasto, compartiría el beneficio. Smith la contesta permitiendo al propietario fijar el valor de sus tierras antes de mejorarlas y pagar según esa valuación los años necesarios para indemnizarse, y deja establecida la jerarquía: "ningún incentivo a la atención del soberano puede compensar jamás el menor desaliento a la del propietario", porque la del soberano es a lo sumo una consideración general y vaga y la del propietario una consideración minuciosa de la aplicación más ventajosa de cada palmo de su finca. Lo principal que el soberano puede hacer por la agricultura es dejar que propietario y arrendatario persigan su interés a su manera, darles seguridad de que gozarán de la recompensa de su industria y procurarles el mercado más extenso. Algunos Estados, en vez del sencillo expediente del registro, han recurrido al costoso de un catastro general, como Prusia, Bohemia, Milán y Saboya; pero todo catastro se vuelve desigual en poco tiempo, y mantenerlo al día exige "una atención tan impropia de la naturaleza del gobierno que no es probable que dure mucho", como muestra Montauban, cuyo catastro exacto de 1666 era en 1727 enteramente desigual.

Los impuestos sobre el producto de la tierra, como el diezmo, son en realidad impuestos sobre la renta, porque el arrendatario los calcula de antemano y rebaja lo que se compromete a pagar al propietario. Pero bajo la apariencia de igualdad son muy desiguales: en una tierra rica donde la mitad del producto basta para reponer el capital con su beneficio, el diezmo es un impuesto de un quinto sobre la renta; en una pobre donde hacen falta cuatro quintos, es de la mitad. Y desalientan las mejoras más costosas y los cultivos más valiosos "cuando la Iglesia, que no pone ninguna parte del gasto, ha de participar tan largamente en el beneficio": el cultivo de la rubia estuvo confinado durante mucho tiempo a las Provincias Unidas, presbiterianas y por eso exentas "de ese impuesto destructivo". Donde el Estado vive de un impuesto sobre el producto, como China o el antiguo Egipto, al menos el soberano queda interesado en los caminos y canales que aumentan el producto; el diezmo, dividido en porciones tan pequeñas, no interesa al párroco en nada de eso, y "no trae consigo más que inconvenientes". Cobrarlo en especie es lo peor, porque muy poco llegaría al tesoro; cobrarlo como una suma fija, el modus, lo convierte en algo idéntico al impuesto inglés sobre la tierra.

La renta de las casas se divide en dos partes: la renta del edificio, que es el interés del capital de construirlo y que la competencia mantiene a nivel con el interés corriente, y la renta del suelo, que es lo que sobra y es el precio de alguna ventaja real o supuesta de la situación, casi nada en el campo y máxima en la capital, "sea por el comercio y los negocios, por el placer y la sociedad, o por mera vanidad y moda". Un impuesto sobre el alquiler no puede recaer sobre la renta del edificio, porque el constructor abandonaría el oficio; se divide entre el inquilino, que se contenta con una casa peor, y el dueño del suelo, porque la menor competencia baja las rentas de todas las clases de casas. Caería más sobre los ricos, porque la proporción del gasto en casa es máxima en las fortunas más altas, "y en esa clase de desigualdad no habría quizá nada muy irrazonable: no es muy irrazonable que los ricos contribuyan al gasto público no solo en proporción a su renta, sino algo más que en esa proporción". Como no hay artículo por el que se juzgue mejor la liberalidad o la estrechez del gasto de un hombre que su alquiler, un impuesto proporcional sobre él podría producir más que cualquiera de los que se han sacado de las casas en Europa; las deshabitadas no deberían pagar nada, y las habitadas por su dueño deberían valuarse por el alquiler que darían y no por lo que costaron, porque las casas de las grandes familias son el gasto acumulado de generaciones en objetos "de gran belleza y magnificencia, sin duda, pero de muy poco valor de cambio".

La renta del suelo es un objeto todavía más apropiado. Un impuesto sobre ella no subiría los alquileres, porque el dueño del suelo actúa como un monopolista que ya exige la mayor renta posible, y cae enteramente sobre él sin desalentar ninguna industria. Y hay una razón de justicia: en cuanto excede la renta ordinaria de la tierra "se debe enteramente al buen gobierno del soberano, que al proteger la industria de todo el pueblo, o de los habitantes de un lugar particular, les permite pagar por el suelo sobre el que edifican tanto más que su valor real", y nada es más razonable que un fondo que debe su existencia al buen gobierno contribuya de modo peculiar a sostenerlo. Es un argumento que Henry George convertiría un siglo después en un programa entero, y que aquí ocupa dos párrafos; Smith no conoce ningún país que lo haya aplicado. Lo que los países han hecho es peor: Holanda grava cada casa al dos y medio por ciento de su valor, habitada o no; Inglaterra tuvo el impuesto de hogares, dos chelines por chimenea, que exigía que el recaudador entrara en cada habitación y fue abolido tras la Revolución "como una insignia de esclavitud", y tiene el impuesto de ventanas, que se cuentan desde afuera y cuya desigualdad es de la peor clase, porque una casa de diez libras en un pueblo puede tener más ventanas que una de quinientas en Londres. Y sin embargo los alquileres han subido en casi todas las ciudades desde que se impuso, "una de las muchas pruebas de la gran prosperidad del país".

Artículo II: impuestos sobre el beneficio o sobre la renta que procede del capital

El beneficio se divide en la parte que paga el interés y el excedente que compensa el riesgo y el trabajo de quien emplea el capital. Este excedente no es gravable directamente: es "en la mayoría de los casos no más que una compensación muy moderada", y quien lo recibe tiene que recibirlo o dejar de emplear el capital, con lo que el impuesto se traslada al precio, y lo paga el consumidor o el propietario de la tierra, o se carga al interés. El interés, en cambio, parece tan gravable como la renta de la tierra, porque es un producto neto y un impuesto sobre él no puede subir la tasa de interés, ya que la cantidad de capital sigue siendo la misma. Pero dos circunstancias lo hacen mucho menos apropiado. Primera, la tierra que un hombre posee nunca es un secreto, mientras que su capital "es casi siempre un secreto y apenas puede averiguarse con exactitud tolerable", cambia de mes en mes, y una inquisición que siguiera sus fluctuaciones sería "una fuente de vejación tan continua e infinita que ningún pueblo podría soportarla". Segunda, la tierra no puede moverse y el capital sí:

El propietario de tierras es necesariamente ciudadano del país particular en que está su finca. El propietario de capital es propiamente un ciudadano del mundo, y no está necesariamente ligado a ningún país particular. Estaría dispuesto a abandonar el país en que se lo expusiera a una inquisición vejatoria para ser tasado con un impuesto gravoso, y trasladaría su capital a algún otro país donde pudiera llevar su negocio o disfrutar de su fortuna con más comodidad.

Al irse pondría fin a toda la industria que ese capital mantenía, porque "el capital cultiva la tierra; el capital emplea el trabajo", y un impuesto que lo ahuyentara secaría todas las fuentes de renta. Por eso las naciones que han querido gravar el capital se han contentado con estimaciones vagas cuya desigualdad se compensa con su extrema moderación: en Inglaterra el capital "apenas está tasado a la quincuagésima parte de su valor real". En Hamburgo cada habitante paga un cuarto por ciento de lo que posee, tasándose a sí mismo bajo juramento sin declarar cuánto, y en los cantones suizos cada uno declara con franqueza lo que vale; pero esa confianza es posible en repúblicas pequeñas de gente sobria, y los comerciantes metidos en proyectos arriesgados "tiemblan ante la idea de tener que exponer el estado real de sus circunstancias". Holanda impuso una vez un dos por ciento sobre la sustancia entera de cada ciudadano, un impuesto sobre el capital y no sobre la renta, que en una emergencia el pueblo puede pagar por celo público pero que repetido lo arruinaría hasta volverlo incapaz de sostener al Estado.

Los impuestos sobre el beneficio de empleos particulares, como las licencias de buhoneros, coches de alquiler y taberneros, nunca caen sobre los comerciantes sino sobre los consumidores, con recargo; cuando son proporcionales al negocio no oprimen a nadie, y cuando son iguales para todos favorecen al grande y oprimen al pequeño. Por eso se abandonó el proyecto de un impuesto sobre las tiendas: no podía proporcionarse sin una inquisición "insoportable en un país libre", y habría empujado el comercio minorista a manos de los grandes, que como todos los monopolistas se habrían combinado para subir sus beneficios mucho más que el impuesto. El caso más importante de impuesto sobre el beneficio agrícola es la talla personal de Francia, nacida cuando los grandes señores, que veían con "indignación maligna y despectiva" la prosperidad de los antiguos siervos convertidos en arrendatarios, consintieron en que el rey los gravara. Como pretende proporcionarse a beneficios que solo pueden adivinarse, es necesariamente arbitraria y desigual: se reparte cada año entre generalidades, elecciones, parroquias e individuos según informes que la ignorancia, la amistad y el resentimiento desvían, nadie sabe lo que pagará antes ni después de ser tasado, y cuando un contribuyente quiebra la parroquia entera es reimpuesta al año siguiente. Un impuesto sobre el beneficio agrícola no puede trasladarse al consumidor, porque al arrendatario no le conviene producir menos, y termina cayendo sobre la renta al renovarse el contrato; pero bajo la talla el arrendatario, tasado según el capital que se le ve, "tiene miedo de tener una buena yunta de caballos o bueyes", cultiva con los instrumentos más miserables, "finge pobreza", y pierde más con la disminución de su producto de lo que ahorra en impuesto. Smith añade que las capitaciones sobre los esclavos de las colonias son impuestos sobre el beneficio agrícola que caen sobre los plantadores, y que como impuestos así sobre los siervos fueron comunes en Europa, las capitaciones se han considerado insignias de esclavitud; pero "todo impuesto es, para la persona que lo paga, una insignia no de esclavitud sino de libertad: denota que está sujeta al gobierno, sin duda, pero que, como tiene alguna propiedad, no puede ser ella misma la propiedad de un amo".

Apéndice a los artículos I y II: impuestos sobre el valor capital de las tierras, casas y capitales

Mientras la propiedad sigue en las mismas manos, los impuestos solo pretenden tomar parte de su renta; cuando cambia de manos, por herencia o por venta, se han impuesto muchos que toman parte de su valor capital. Las herencias y las ventas de inmuebles son transacciones públicas y pueden gravarse directamente; el préstamo de dinero puede ser secreto y solo se grava indirectamente, con papel sellado y derechos de registro. Smith repasa la vicésima de las herencias de Augusto, el impuesto holandés sobre sucesiones, que grava las colaterales hasta el treinta por ciento y exime las directas, porque la muerte de un padre rara vez aumenta la renta de los hijos que viven con él y sería "cruel y opresivo" agravar su pérdida, y los derechos feudales de investidura, minoridad y enajenación. El papel sellado y el registro son de invención muy moderna, y sin embargo en poco más de un siglo se han vuelto casi universales: "no hay arte que un gobierno aprenda antes de otro que el de sacar dinero de los bolsillos del pueblo".

La incidencia sigue una lógica simple. Los impuestos sobre herencias caen sobre quien recibe. Los que gravan la venta de tierras caen sobre el vendedor, porque el vendedor casi siempre está en la necesidad de vender y el comprador casi nunca en la de comprar, de modo que cuanto más paga el comprador en impuesto menos da en precio; caen por lo tanto sobre una persona necesitada y son con frecuencia "muy crueles y opresivos". Los que gravan casas nuevas caen sobre el comprador, porque el constructor debe tener su beneficio; los de casas viejas, sobre el vendedor; los derechos sobre préstamos los paga el prestatario y los de pleitos los litigantes. Todos, en cuanto reducen el valor capital, disminuyen los fondos del trabajo productivo en favor de la renta del soberano, que rara vez mantiene sino trabajadores improductivos. Son desiguales, porque la frecuencia de las transferencias no es igual en propiedades de igual valor, pero ciertos, cómodos y baratos de recaudar. Y Smith deja una regla sobre los registros: el de hipotecas es muy ventajoso al público, pero "todos los registros que se reconoce que deben mantenerse secretos ciertamente nunca deberían existir", porque el crédito de los particulares no debe depender de la probidad de los oficiales inferiores de la renta.

Artículo III: impuestos sobre los salarios del trabajo

Los salarios de las clases inferiores de trabajadores están regulados, como se mostró en el Libro I, por la demanda de trabajo y por el precio medio de las provisiones: la primera determina si la subsistencia del trabajador será liberal, moderada o escasa, y el segundo cuánto dinero hace falta para comprarla. Mientras esas dos cosas no cambien, un impuesto directo sobre los salarios no puede tener más efecto que subirlos algo más que el impuesto. Si el salario ordinario es de diez chelines y se impone un quinto, el salario tiene que subir no a doce chelines sino a doce y seis peniques, para que después de pagar el impuesto le queden diez libres; un impuesto de un quinto exige que suban un cuarto, uno de un décimo, un octavo. El trabajador puede pagarlo de su mano, pero no puede decirse propiamente ni que lo adelante: lo adelanta, con algo más, quien lo emplea. Si es un fabricante, lo carga con beneficio al precio de sus bienes y lo paga el consumidor; si es un agricultor, tiene que emplear más capital para mantener a los mismos trabajadores y retener una porción mayor del producto, con lo que paga menos renta y el impuesto cae sobre el propietario. En todos los casos un impuesto directo sobre los salarios produce a la larga una reducción mayor de la renta de la tierra y una subida mayor del precio de las manufacturas que las que habría producido una suma igual repartida directamente sobre la renta y sobre los bienes de consumo. Si en la práctica esos impuestos no siempre han subido los salarios, es porque han reducido la demanda de trabajo: la decadencia de la industria, la falta de empleo para los pobres y la disminución del producto anual "han sido generalmente los efectos de tales impuestos". "Absurdos y destructivos" como son, existen en muchos países: la parte de la talla francesa que grava a los obreros y jornaleros de las aldeas, y el impuesto de Bohemia sobre la industria de los artesanos, de veinticinco a cien florines al año según la clase. Los emolumentos de los cargos públicos, en cambio, no están regulados por la competencia del mercado, son en la mayoría de los países más altos de lo que la naturaleza del empleo exige, porque quienes administran el gobierno tienden a recompensarse a sí mismos y a sus dependientes "algo más que suficientemente", y por eso pueden soportar muy bien un impuesto, que además es siempre muy popular: en Inglaterra, cuando todas las demás rentas se suponían tasadas a cuatro chelines por libra, fue muy popular tasar a cinco chelines y seis peniques los salarios de los cargos de más de cien libras.

Artículo IV: impuestos que se pretende que caigan indistintamente sobre toda clase de renta

Son las capitaciones y los impuestos sobre los bienes de consumo. Las capitaciones encierran un dilema sin salida: si se proporcionan a la fortuna de cada uno se vuelven arbitrarias, porque la fortuna solo puede adivinarse sin una inquisición más intolerable que cualquier impuesto; si se proporcionan al rango se vuelven desiguales, porque las fortunas son muy desiguales dentro de un mismo rango. Inglaterra, en las capitaciones de Guillermo III, tasó a la gente por su rango y prefirió la desigualdad a la incertidumbre; Francia tasa a los grandes por rango con una tarifa fija y a los inferiores por una estimación anual, porque los grandes no tolerarían la tasación arbitraria de un intendente y "las clases inferiores tienen que sufrir con paciencia el trato que sus superiores juzgan conveniente darles". Sobre el pueblo son impuestos directos sobre los salarios con todos sus inconvenientes, y "son muy comunes en los países donde se atiende poco a la comodidad y la seguridad de las clases inferiores".

La imposibilidad de gravar al pueblo en proporción a su renta por medio de una capitación parece haber dado ocasión a los impuestos sobre los bienes de consumo: el Estado, no sabiendo gravar directamente la renta de sus súbditos, grava su gasto. Y aquí Smith introduce la distinción de la que depende todo lo que sigue, la de necesidades y lujos, con una definición muy citada porque hace de la necesidad una cuestión de costumbre y no de fisiología:

Por necesidades entiendo no solo los bienes indispensables para el sostén de la vida, sino todo aquello que la costumbre del país hace indecente que las personas respetables, aun de la clase más baja, no tengan. Una camisa de lino, por ejemplo, no es, estrictamente hablando, una necesidad de la vida. Los griegos y los romanos vivieron, supongo, muy cómodamente aunque no tenían lino. Pero en los tiempos presentes, en la mayor parte de Europa, un jornalero respetable se avergonzaría de aparecer en público sin una camisa de lino, cuya falta se supondría que denota ese grado deshonroso de pobreza en que, se presume, nadie puede caer sin una conducta extremadamente mala.

La costumbre ha hecho de los zapatos de cuero una necesidad en Inglaterra para ambos sexos, en Escocia solo para los hombres y en Francia para nadie. Todo lo demás son lujos, "sin querer con esa denominación arrojar el menor reproche sobre su uso moderado": la cerveza y el vino son lujos, porque un hombre de cualquier rango puede abstenerse de ellos sin reproche. La distinción importa por la incidencia. Como los salarios están regulados en parte por el precio de las necesidades, un impuesto sobre ellas sube los salarios y opera exactamente como un impuesto directo sobre los salarios: lo adelanta el empleador y lo paga el consumidor, con recargo, o el propietario de la tierra. Un impuesto sobre los lujos, en cambio, aun sobre los lujos del pobre, no sube los salarios: el tabaco está gravado en Inglaterra a tres veces su precio y en Francia a quince sin efecto sobre ellos, y lo mismo el té, el azúcar, los aguardientes y la cerveza fuerte. Sobre los pobres sobrios e industriosos esos impuestos actúan como leyes suntuarias, y su capacidad de criar familias más bien aumenta con esa frugalidad forzada; los disolutos seguirán bebiendo, pero "rara vez crían familias numerosas". De ahí un consejo político: "las clases medias y superiores, si entendieran su propio interés, deberían oponerse siempre a todos los impuestos sobre las necesidades de la vida, así como a todos los impuestos directos sobre los salarios", porque el pago final de unos y otros cae enteramente sobre ellas, con recargo, y con más peso sobre los propietarios, que pagan dos veces, como propietarios en la reducción de su renta y como consumidores ricos en el aumento de su gasto. Decker tenía razón en que ciertos impuestos se repiten cuatro o cinco veces en el precio: en el cuero de los zapatos se paga el impuesto sobre el cuero, una parte del que pagan el zapatero y el curtidor, y el de la sal, el jabón y las velas que consumen mientras trabajan.

En Gran Bretaña los impuestos sobre necesidades son los de la sal, el cuero, el jabón y las velas, y el del carbón transportado por mar, más del sesenta por ciento de su precio en la mina, siendo el carbón en un país de inviernos tan fríos una necesidad en el sentido más estricto: "si una prima pudiera ser razonable en algún caso, quizá lo sería sobre el transporte del carbón", y la legislatura ha puesto un impuesto. Esos impuestos al menos dan una renta considerable; la prima a la exportación de trigo y las prohibiciones de importar ganado tienen los mismos malos efectos y no dan ninguna. En otros países es peor: en Holanda el precio del pan se duplica con impuestos que "según se dice han arruinado la mayor parte de las manufacturas", y un autor francés propuso reformar las finanzas de su país con "este, el más ruinoso de todos los impuestos"; "no hay nada tan absurdo, dice Cicerón, que no haya sido afirmado alguna vez por los filósofos". Los impuestos sobre la carne son más comunes todavía, aunque la carne no es en ningún sitio una necesidad, porque los cereales con leche, queso y manteca "pueden proporcionar la dieta más abundante, sana, nutritiva y vigorizante", y el decoro no exige comer carne como exige llevar camisa y zapatos.

Los bienes duraderos, como los coches y la vajilla de plata, se gravan mejor con una suma anual por usarlos; los de consumo rápido, en manos del comerciante, y contra la propuesta de Decker de gravarlo todo con licencias anuales de consumo Smith opone un pasaje que es el argumento entero en miniatura: en los tres peniques y medio de una jarra de porter, los impuestos sobre la malta, el lúpulo y la cerveza, con el beneficio que el cervecero carga por haberlos adelantado, son un penique y medio; el obrero que puede gastarlos compra la jarra, y el que no se contenta con media y "gana un cuarto de penique con su templanza", pagando el impuesto cuando puede y en un acto perfectamente voluntario.

Las sisas, sobre unos pocos bienes del país de uso general, no dejan duda sobre lo que se debe y caen casi enteramente sobre lujos. Las aduanas son mucho más antiguas: nacieron como impuestos sobre el beneficio de los mercaderes, cuando estos se consideraban poco mejores que siervos emancipados "cuyas personas se despreciaban y cuyas ganancias se envidiaban", y se cobraban por igual a la exportación y a la importación. Con el tiempo el sistema mercantil se impuso: los derechos pasaron a recaer casi solo sobre la importación, los de exportación se abolieron y se dieron primas y devoluciones, salvo para las materias primas, que los fabricantes quieren "tan baratas como sea posible para ellos y tan caras como sea posible para sus rivales". Ese sistema tampoco ha sido favorable a la renta del soberano. Las prohibiciones han aniquilado la renta que la importación de paños y sedas habría dado; los derechos altos solo han alentado el contrabando, y "el dicho del doctor Swift de que en la aritmética de las aduanas dos y dos, en lugar de cuatro, hacen a veces solo uno" es perfectamente cierto para derechos que nunca se habrían impuesto "si el sistema mercantil no nos hubiera enseñado a emplear la tributación como instrumento no de renta sino de monopolio". Las primas y devoluciones han dado ocasión a fraudes, con bienes que se embarcan y se vuelven a desembarcar en otra parte de la costa: en 1755, de cinco millones de renta aduanera bruta, casi la mitad se fue en primas y devoluciones. Y como los importadores contrabandean todo lo que pueden y los exportadores declaran más de lo que exportan, "nuestras exportaciones aparecen en los libros de la aduana sobrepasando enormemente nuestras importaciones, para indecible consuelo de esos políticos que miden la prosperidad nacional por lo que llaman la balanza comercial".

De ahí una propuesta de reforma que es de las más prácticas de la obra. Unos pocos artículos extranjeros, vinos y aguardientes, azúcar, ron y tabaco, té, café y especias, dan ya la mayor parte de la renta aduanera; los impuestos sobre las demás manufacturas extranjeras se han puesto por monopolio y no por renta. Suprimiendo las prohibiciones y sometiendo todo a derechos moderados, muchos artículos que hoy no dan nada darían mucho. Cuando la renta baja por la baja del consumo solo hay un remedio, bajar el impuesto; cuando baja por el contrabando, hay que reducir la tentación, que también exige bajar el impuesto, o aumentar la dificultad, con almacenes de depósito bajo llave del oficial de aduanas donde el importador no pague derechos hasta sacar los bienes para el consumo interior y no pague nada si los exporta. Con eso, y con aduanas confinadas a pocos artículos, la renta neta igualaría a la actual, se ahorrarían las devoluciones fraudulentas y el comercio de todos los bienes no gravados, entre ellos todas las necesidades de la vida y todas las materias primas, sería perfectamente libre, con lo que bajaría el precio en dinero del trabajo sin reducir su recompensa real y las manufacturas ganarían ventaja en el extranjero. Fue el objeto del famoso plan de sisas de Walpole para el vino y el tabaco, que "la facción, combinada con el interés de los comerciantes contrabandistas", hizo caer con un clamor tan violento como injusto, y que ninguno de sus sucesores se ha atrevido a retomar.

Sigue una observación de aritmética social que rara vez se recuerda: el consumo total de las clases inferiores es mucho mayor, en cantidad y en valor, que el de las clases medias y superiores, porque casi todo el capital del país se distribuye cada año entre ellas como salarios, y parte de la renta, del beneficio y hasta de la tierra les pertenece también. Por eso los impuestos sobre el gasto de las clases superiores son mucho menos productivos que los que caen sobre el gasto de todos, y la sisa sobre los licores es de todos los impuestos al gasto "con mucho el más productivo". Pero "siempre hay que recordar que es el gasto de lujo y no el gasto necesario de las clases inferiores lo que debe gravarse". Y hay una injusticia flagrante: la cerveza que se fabrica para uso privado no paga sisa, para librar a las familias de la visita del recaudador, y como en el campo casi todas las familias ricas hacen su propia cerveza, la beben ocho o diez chelines por barril más barata que el pueblo, que compra la suya poco a poco en la taberna. Smith propone, con una tabla de cuatro años de recaudación, sustituir todos los impuestos sobre la cerveza por un impuesto triplicado sobre la malta, que produciría más, sería más difícil de defraudar, abarataría "los licores sanos y vigorizantes de la cerveza" y quitaría a los ricos "una exención muy injusta y desigual"; y de paso deja una regla sobre los precios de monopolio, a propósito de los plantadores de azúcar que al quejarse de que los impuestos caían sobre ellos demostraron sin querer que el azúcar era un objeto muy apropiado de tributación, "siendo las ganancias de los monopolistas, siempre que pueda llegarse a ellas, ciertamente el más apropiado de todos los objetos".

Después Smith evalúa los impuestos sobre los lujos con sus cuatro máximas. No caen exactamente en proporción a la renta, porque "cada hombre contribuye más bien según su humor que en proporción a su renta; el pródigo contribuye más, el parsimonioso menos", y el ausente que vive en otro país nada, como los propietarios de Irlanda que residen en Inglaterra; pero esa desigualdad se compensa con creces por la circunstancia misma que la ocasiona, que la contribución es enteramente voluntaria. Son ciertos, o pueden serlo, y se pagan a plazos en el momento más cómodo; cumplen las tres primeras máximas tan bien como cualquier otro impuesto "y ofenden en todos los aspectos contra la cuarta". Exigen una multitud de oficiales cuyos salarios y gabelas no ingresan en el tesoro: las sisas se recaudan a poco más del cinco y medio por ciento, pero las aduanas a más del diez, y como las gabelas de los oficiales son en algunos puertos dos o tres veces sus salarios, el costo real puede pasar del veinte o treinta. Obstruyen la industria, porque aunque el encarecimiento de un bien extranjero favorezca a un ramo nacional, desalienta a casi todos los demás: "cuanto más caro compra el fabricante de Birmingham su vino extranjero, más barato vende necesariamente la parte de su quincallería con la que lo compra"; y desvían la industria a un canal siempre distinto y generalmente menos ventajoso. Y arruinan a los contrabandistas, sobre los cuales Smith escribe el pasaje más generoso del capítulo:

Una persona que, aunque sin duda muy censurable por violar las leyes de su país, es con frecuencia incapaz de violar las de la justicia natural, y habría sido en todos los aspectos un excelente ciudadano si las leyes de su país no hubieran hecho un crimen de lo que la naturaleza nunca quiso que lo fuera.

Donde se sospecha mucho gasto innecesario de la renta pública, casi nadie tiene escrúpulos en contrabandear, y pretender escrúpulos en comprar bienes de contrabando se toma por "una de esas piezas pedantes de hipocresía" que solo exponen a quien las practica a la sospecha de ser un bribón mayor que sus vecinos. Alentado por esa indulgencia, el contrabandista sigue en un comercio que aprende a considerar inocente, y cuando la ley cae sobre él defiende con violencia lo que mira como su justa propiedad: "de ser al principio quizá más imprudente que criminal, termina a menudo por ser uno de los violadores más duros y decididos de las leyes de la sociedad". Por último, las visitas de los recaudadores son una vejación continua, más en las sisas que en las aduanas. Con todo, esos inconvenientes caen tan livianamente sobre el pueblo de Gran Bretaña como sobre el de cualquier otro país de gobierno igual de costoso: "nuestro Estado no es perfecto y podría mejorarse, pero es tan bueno o mejor que el de la mayoría de nuestros vecinos".

La comparación con los vecinos cierra el capítulo. La alcabala de España, que grava cada venta de cualquier propiedad y se repite cada vez que se vende, exige oficiales que vigilen el transporte de bienes de tienda a tienda y hace que en la mayor parte del país "nada pueda producirse para la venta distante"; a ella imputa Ustáriz la ruina de las manufacturas de España. Gran Bretaña tiene un sistema uniforme que deja el comercio interior casi enteramente libre, sin permisos ni visitas de un extremo del reino al otro, y "esa libertad del comercio interior, efecto de la uniformidad del sistema de tributación, es quizá una de las principales causas de la prosperidad de Gran Bretaña". Francia, en cambio, necesita oficiales que rodean las fronteras de casi cada provincia, porque sus impuestos dividen el reino en zonas que se tratan unas a otras como extranjeras; Milán tiene seis sistemas y Parma tres o cuatro, y "bajo una administración tan absurda solo la gran fertilidad del suelo y la felicidad del clima podrían preservar a esos países de recaer pronto en el estado más bajo de pobreza y barbarie".

Queda la cuestión de quién cobra, y "el modo mejor y más frugal de cobrar un impuesto nunca puede ser el arriendo". El arrendatario saca un beneficio "casi siempre exorbitante"; como arrendar una rama de la renta exige un gran capital y mucha experiencia, los muy pocos que pueden competir se asocian y ofrecen en la subasta mucho menos del valor real; y son en todas partes la gente más opulenta, cuya ostentación excita la indignación pública. Pero hay algo peor:

Los arrendatarios de la renta pública nunca encuentran demasiado severas las leyes que castigan cualquier intento de evadir el pago de un impuesto. No tienen entrañas para los contribuyentes, que no son sus súbditos, y cuya quiebra universal, si ocurriera el día después de expirado su arriendo, no afectaría mucho a su interés.

Las leyes de la renta más sanguinarias están siempre donde la renta está en arriendo y las más suaves donde la cobra el soberano, porque "aun un mal soberano siente más compasión por su pueblo de la que puede esperarse de los arrendatarios de su renta". Cuando el arrendatario tiene además el monopolio, como con el tabaco y la sal en Francia, cobra dos beneficios exorbitantes; la sal es una necesidad, la tentación de contrabandear es irresistible y se castiga con las galeras y la horca, "varios cientos de personas cada año", y "quienes consideran la sangre del pueblo como nada en comparación con la renta del príncipe pueden quizá aprobar este modo de cobrar impuestos". Para Francia, cuyas cinco rentas arrendadas rinden mucho menos en proporción a lo que sacan del pueblo que las tres que cobra el gobierno, Smith propone tres reformas: abolir la talla y la capitación y aumentar los vingtièmes, que caen sobre los mismos que ya pagan finalmente aquellas; unificar los impuestos en todo el reino para que el comercio interior sea libre; y poner todo bajo administración directa, sumando a la renta los beneficios de los arrendatarios generales. En los tres casos "la oposición nacida del interés privado de individuos" es el obstáculo. El balance es claro: Gran Bretaña cobra diez millones a menos de ocho millones de personas sin que ninguna clase esté oprimida; Francia, con tres veces la población y mejor suelo, podría pagar treinta con la misma comodidad y cobra menos de quince, y su pueblo está mucho más oprimido, aunque sea, después de Gran Bretaña, "el gran imperio de Europa que goza del gobierno más suave e indulgente". Holanda, con impuestos sobre las necesidades que han arruinado sus manufacturas, paga en proporción mucho más que nadie, porque "después de agotados todos los objetos apropiados de tributación, si las exigencias del Estado siguen requiriendo nuevos impuestos, hay que imponerlos sobre los inapropiados"; lo que la sostiene es su forma republicana, que da a las grandes familias mercantiles una parte en el gobierno por la que aceptan vivir donde su capital rinde menos, y si esa forma cayera "trasladarían sus residencias y sus capitales a otro país, y la industria y el comercio de Holanda seguirían pronto a los capitales que los sostenían".

Lo que hay que llevarse de este capítulo

Las cuatro máximas son lo que todo el mundo recuerda, y con razón: igualdad, certeza, comodidad y economía siguen siendo, dos siglos y medio después, el punto de partida de cualquier discusión seria sobre cómo cobrar impuestos, y la advertencia de que un poco de incertidumbre es peor que mucha desigualdad conserva toda su fuerza. Pero el capítulo es sobre todo un tratado de incidencia, y su método vale más que sus conclusiones: cada impuesto se sigue desde quien lo adelanta hasta quien lo paga, y el resultado es casi siempre que no lo paga quien la ley pretendía. El impuesto sobre los salarios lo pagan los consumidores y los propietarios; el impuesto sobre el beneficio se traslada al consumidor o cae sobre el interés; el impuesto sobre la venta de tierras lo paga el vendedor necesitado; el impuesto sobre las necesidades de la vida es un impuesto sobre los salarios disfrazado que termina en los bolsillos de los ricos con recargo, mientras que el impuesto sobre los lujos, incluidos los del pobre, lo paga quien lo consume y solo si quiere consumir. De ese análisis salen sus preferencias: la renta de la tierra y sobre todo la renta del suelo urbano, que nace del buen gobierno y no del esfuerzo de nadie, como los objetos más apropiados; el capital como el menos apropiado, porque es secreto y porque su dueño "es propiamente un ciudadano del mundo" que se va si lo persiguen; y los impuestos al consumo sobre lujos como el mal menor, que cumplen tres máximas y ofenden contra la cuarta, con su multitud de oficiales, su desvío de la industria, sus contrabandistas convertidos en criminales por leyes que crean la tentación y después la castigan, y sus visitas odiosas. El resto es un programa práctico y bastante moderno: almacenes de depósito y aduanas confinadas a pocos artículos, un impuesto único sobre la malta en lugar de la maraña sobre la cerveza, venta de las tierras de la corona, administración directa en lugar de arrendatarios "sin entrañas para los contribuyentes", uniformidad fiscal en todo el reino para que el comercio interior sea libre. Y una lección de política que se lee entre líneas de la comparación entre Gran Bretaña, Francia y Holanda: el sistema fiscal que oprime menos no es el que cobra menos sino el que cobra sin arbitrariedad, sin fronteras interiores y sin intermediarios que ganen con la severidad.

Capítulo III: De las deudas públicas

El último capítulo de la obra cierra el círculo. Empezó con la división del trabajo en una fábrica de alfileres y termina con la deuda de un imperio, y entre las dos cosas hay una línea que Smith traza con cuidado: la misma sociedad comercial que multiplica la riqueza produce gobiernos que ya no ahorran, súbditos que pueden y quieren prestar, y por lo tanto deudas que crecen en cada guerra y no se pagan en ninguna paz. El capítulo tiene tres movimientos: por qué los Estados modernos se endeudan y cómo lo hacen, con la historia de la deuda británica desde 1688; por qué esa deuda no es una riqueza sino un capital destruido, contra los apologistas que decían que "la mano derecha paga a la izquierda"; y qué podría hacer Gran Bretaña, con un proyecto de unión fiscal con Irlanda y las colonias que Smith mismo llama "una nueva Utopía", y con el consejo final, escrito en 1776 mientras las colonias americanas estaban en armas, de que si el imperio no puede completarse, hay que abandonarlo.

Por qué los soberanos ya no ahorran

En el estado rudo de la sociedad, antes de que el comercio y las manufacturas introduzcan los lujos costosos, el que tiene una gran renta solo puede gastarla manteniendo a tanta gente como esa renta pueda mantener, y esa hospitalidad sin lujo y esa liberalidad sin ostentación, como se mostró en el Libro III, no arruinan a nadie: "no hay quizá placer egoísta tan frívolo cuya persecución no haya arruinado alguna vez incluso a hombres sensatos", y la pasión por las peleas de gallos ha arruinado a muchos, pero los casos de gente arruinada por esa clase de hospitalidad son pocos. Los señores feudales, que conservaban sus fincas en la misma familia durante siglos, vivían dentro de sus ingresos y atesoraban lo que les sobraba, porque comerciar era deshonroso, prestar a interés era usura y en tiempos de violencia convenía tener un tesoro a mano y escondido; la frecuencia de los tesoros encontrados sin dueño conocido, que entonces eran un ramo importante de la renta del soberano, lo demuestra. Y el soberano hacía lo mismo, porque no tenía en qué gastar: la ignorancia de los tiempos ofrecía pocas de las baratijas en que consiste el esplendor de una corte, no había ejércitos permanentes, y su gasto no podía ir más que a la generosidad con sus arrendatarios y la hospitalidad con sus dependientes. Todos los antiguos soberanos de Europa tuvieron tesoros, y todo jefe tártaro tiene uno hoy.

En un país comercial lleno de lujos costosos, el soberano gasta como todos los grandes propietarios de sus dominios, en "las costosas baratijas que componen la espléndida pero insignificante pompa de una corte", y por una pompa inferior del mismo tipo sus nobles despiden a sus dependientes y se vuelven tan insignificantes como los burgueses ricos. "¿Cómo puede suponerse que él sea el único rico de sus dominios insensible a los placeres de esa clase?" Su gasto ordinario iguala a su renta ordinaria, y ya es mucho si no la excede. Desde la muerte de Enrique IV de Francia en 1610, solo los dos últimos reyes de Prusia han acumulado un tesoro considerable, y la parsimonia es casi tan rara en las repúblicas como en las monarquías: las repúblicas italianas y las Provincias Unidas están endeudadas, Berna es la única república de Europa con tesoro, y "el gusto por alguna clase de pompa, al menos por edificios espléndidos y otros ornamentos públicos, prevalece con frecuencia tanto en el senado aparentemente sobrio de una pequeña república como en la corte disipada del mayor de los reyes".

La falta de ahorro en la paz impone la necesidad de endeudarse en la guerra. Cuando la guerra llega, en el tesoro no hay más que lo necesario para el establecimiento de paz, y hace falta un gasto tres o cuatro veces mayor; aun si el soberano pudiera subir los impuestos en esa proporción, su producto no empezaría a entrar hasta diez o doce meses después, y el ejército, la flota y las plazas fuertes hay que aprestarlos en el momento del peligro. No queda más recurso que pedir prestado. Y la misma sociedad comercial que crea esa necesidad crea la capacidad y la inclinación de los súbditos a prestar. La capacidad, porque un país lleno de comerciantes está lleno de gente por cuyas manos pasan, dos, tres o cuatro veces al año, no solo sus propios capitales sino los de todos los que les prestan dinero o les fían mercancías, y que pueden en cualquier momento adelantar una gran suma al gobierno. La inclinación, porque el comercio solo florece donde hay una administración regular de justicia y confianza en el gobierno, y la misma confianza que lleva a los comerciantes a poner su propiedad bajo la protección de un gobierno los lleva, en las ocasiones extraordinarias, a confiarle el uso de esa propiedad; sobre todo porque no pierden nada con ello. Las necesidades del Estado lo hacen tomar prestado en términos muy ventajosos, el título es transferible y se vende en el mercado por más de lo que se pagó, y "el comerciante o el hombre adinerado gana dinero prestando dinero al gobierno, y en lugar de disminuir, aumenta su capital comercial"; por eso considera un favor que se lo admita en la primera suscripción de un empréstito. El gobierno, por su parte, se apoya en esa facilidad: "prevé la facilidad de tomar prestado y por eso se dispensa del deber de ahorrar". En el estado rudo ocurre lo contrario: los que esconden su dinero lo hacen por desconfianza del gobierno, nadie podría ni querría prestarle, y el soberano, que prevé la imposibilidad absoluta de endeudarse, ahorra.

Cómo se endeudan los Estados

El progreso de "las enormes deudas que hoy oprimen, y a la larga probablemente arruinarán, a todas las grandes naciones de Europa" ha sido bastante uniforme. Como los particulares, las naciones empiezan por tomar prestado sobre su crédito personal, sin afectar ningún fondo particular, y cuando ese recurso se agota pasan a hipotecar ramos concretos de la renta. Lo primero es la deuda no consolidada de Gran Bretaña, en parte sin interés, como las deudas de cuenta de un particular, atrasos de subsidios a príncipes extranjeros y de pagas de marineros, y en parte con interés, los bonos del tesoro y de la marina, cuyo valor sostiene el Banco de Inglaterra descontándolos o recibiéndolos a la par; en Francia, donde no hay banco, los billetes del Estado se han vendido a veces con un descuento del sesenta o setenta por ciento. Lo segundo se hace de dos maneras. Se puede hipotecar un impuesto por un plazo corto, en el que se supone que su producto bastará para pagar capital e intereses, y eso se llama anticipación; o se puede hipotecar a perpetuidad para pagar solo el interés, una renta perpetua que el gobierno puede redimir cuando devuelva el capital, y eso se llama consolidación, funding. En Gran Bretaña los impuestos sobre la tierra y la malta se anticipan cada año en virtud de una cláusula de préstamo insertada en las leyes que los imponen, el Banco adelanta las sumas y cobra a medida que entran; el único ramo considerable de la renta pública que sigue sin hipotecar se gasta así antes de entrar, "como un pródigo imprevisor cuyas urgencias no le permiten esperar el pago regular de su renta, el Estado tiene la práctica constante de pedir prestado a sus propios factores y agentes, y de pagar interés por el uso de su propio dinero".

En los reinados de Guillermo y de Ana la mayor parte de los nuevos impuestos se imponían por pocos años y se tomaba prestado por anticipación sobre ellos; como el producto no alcanzaba, hubo que prolongar los plazos, y Smith cuenta uno por uno los seis "fondos generales" sucesivos entre 1697 y 1710, hasta que en 1711 esos impuestos, ya sujetos a cuatro anticipaciones distintas, se hicieron perpetuos para pagar el interés del capital de la Compañía de los Mares del Sur, y en 1715 y 1717 el Fondo Agregado y el Fondo General hicieron perpetuos los demás. La lógica es implacable: si el dinero se hubiera tomado siempre por anticipación, unos pocos años habrían liberado la renta pública sin más cuidado que no sobrecargar el fondo y no anticipar por segunda vez antes de que venciera la primera; pero "la mayor parte de los gobiernos europeos han sido incapaces de esos cuidados", han sobrecargado el fondo desde la primera anticipación o se han ocupado de sobrecargarlo con la segunda y la tercera, y cuando el fondo dejó de bastar para el capital hubo que cargarlo solo con el interés. Las anticipaciones imprevisoras engendraron así la práctica más ruinosa de la consolidación perpetua, que aplaza la liberación de la renta pública a un plazo tan indefinido que no es probable que llegue nunca, pero que permite reunir más dinero, y por eso ha sido universalmente preferida.

Aliviar la urgencia presente es siempre el objeto que principalmente interesa a quienes están inmediatamente a cargo de la administración de los asuntos públicos. La futura liberación de la renta pública la dejan al cuidado de la posteridad.

Cuando la tasa de interés bajó de seis a cinco por ciento, los acreedores del público aceptaron la reducción, y el ahorro sobre las rentas de los tres grandes fondos dejó un excedente que fue el origen del fondo de amortización, aumentado con las reducciones sucesivas a cuatro, tres y medio y tres por ciento. Pero "un fondo de amortización, aunque instituido para pagar deudas viejas, facilita mucho contraer deudas nuevas": es un fondo subsidiario siempre a mano para hipotecarlo en ayuda de cualquier otro fondo dudoso, y a cuál de los dos usos se ha aplicado con más frecuencia el de Gran Bretaña se verá enseguida. Entre la anticipación y la consolidación hay dos métodos intermedios, las rentas por años y las rentas vitalicias, que se usaron mucho bajo Guillermo y Ana y casi nada después, porque los suscriptores, que piensan vender cuanto antes, prefieren una renta perpetua redimible por el Parlamento, cuyo valor se supone siempre el mismo. Las rentas vitalicias sobre lotes de vidas, las tontinas, permiten reunir más dinero que las de vidas separadas, porque una renta con derecho de supervivencia vale más y porque, "por la confianza que todo hombre tiene naturalmente en su propia buena fortuna, el principio sobre el que se funda el éxito de todas las loterías", se vende por más de lo que vale; donde el gobierno se financia con rentas, las tontinas se prefieren, porque "el expediente que reúne más dinero es casi siempre preferido al que probablemente produciría con más rapidez la liberación de la renta pública".

Francia tiene una proporción mucho mayor de su deuda en rentas vitalicias que Inglaterra, un octavo del capital y un cuarto del interés según una memoria del Parlamento de Burdeos, y Smith explica la diferencia no por la distinta ansiedad de los dos gobiernos sino por los intereses de los prestamistas. En Inglaterra la sede del gobierno está en la mayor ciudad mercantil del mundo, y quienes prestan son los comerciantes, que quieren aumentar su capital y revender con beneficio, para lo cual una renta perpetua es el título más cómodo. En Francia prestan los financieros, los arrendatarios generales, los receptores, los banqueros de la corte, "hombres comúnmente de baja cuna pero de gran riqueza y con frecuencia de gran orgullo", demasiado orgullosos para casarse con sus iguales y desdeñados por las mujeres de calidad, que resuelven vivir solteros, no tienen mucho apego a unos parientes que no siempre les gusta reconocer, desean solo vivir con esplendor durante su tiempo, "y no les disgusta que su fortuna termine con ellos". Para gente así, nada más conveniente que cambiar su capital por una renta que dure exactamente lo que ellos quieren que dure.

La guerra sin dolor y la deuda que no se paga

Como el gasto ordinario de los gobiernos modernos en paz iguala a su renta ordinaria, cuando llega la guerra no quieren ni pueden aumentar los impuestos en proporción: no quieren por miedo a que un aumento tan grande y súbito disguste al pueblo con la guerra, y no pueden porque no saben qué impuestos producirían lo necesario. La facilidad de endeudarse los libra de ese apuro, y la consolidación perpetua les permite reunir cada año la mayor suma posible con el menor aumento posible de impuestos. De ahí sale uno de los pasajes más incisivos de toda la obra, sobre la psicología de la guerra en un imperio endeudado:

En los grandes imperios la gente que vive en la capital y en las provincias remotas del escenario de la acción apenas siente, en su mayor parte, ningún inconveniente de la guerra, y disfruta a sus anchas la diversión de leer en los periódicos las hazañas de sus propias flotas y ejércitos. Para ellos esa diversión compensa la pequeña diferencia entre los impuestos que pagan a causa de la guerra y los que estaban acostumbrados a pagar en tiempo de paz. Comúnmente están descontentos con el retorno de la paz, que pone fin a su diversión y a mil esperanzas visionarias de conquista y gloria nacional que les prometía una continuación más larga de la guerra.

El retorno de la paz rara vez los libra de los impuestos de la guerra, que quedan hipotecados al interés de la deuda contraída para hacerla. Si sobra algo, puede convertirse en fondo de amortización, pero ese fondo es casi siempre insuficiente, porque los impuestos nuevos se calcularon para pagar solo el interés y los fondos de amortización nacen no de excedentes sino de reducciones posteriores del interés; y casi siempre se aplica a otra cosa, porque en la paz más profunda ocurren gastos extraordinarios, todo impuesto nuevo se siente enseguida y provoca murmullos, mientras que "una suspensión momentánea del pago de la deuda no la siente inmediatamente el pueblo y no ocasiona murmullo ni queja", y tomar del fondo de amortización es siempre el expediente fácil y obvio. Cuanto más acumulada está la deuda y más necesario sería reducirla, más seguro es que el fondo se desvíe, porque "cuando una nación está ya sobrecargada de impuestos, solo las necesidades de una nueva guerra, solo la animosidad de la venganza nacional o la ansiedad por la seguridad nacional pueden inducir al pueblo a someterse con paciencia tolerable a un impuesto nuevo".

La historia británica lo confirma cifra por cifra. La guerra de 1688 a 1697 puso los cimientos de la deuda: veintiún millones y medio, de los cuales cinco se pagaron en los cuatro años siguientes, la mayor reducción jamás lograda en tan poco tiempo, porque gran parte era de anticipaciones cortas. La guerra de sucesión española la llevó a cincuenta y tres millones en 1714; diecisiete años de paz profunda hasta 1739 pagaron solo ocho; una guerra de menos de nueve años añadió treinta y uno, y en 1748 la deuda era de setenta y ocho millones. "La administración prudente y verdaderamente patriota del señor Pelham", en unos siete años de paz, no pudo pagar una deuda vieja de seis millones; en una guerra de casi la misma duración se contrajo una nueva de más de setenta y cinco, y en 1764 la deuda pasaba de ciento treinta y nueve millones. En los once años de paz hasta 1775 se pagaron poco más de diez millones, y ni siquiera eso salió de los ahorros de la renta ordinaria, porque hay que descontar el chelín adicional del impuesto sobre la tierra, los dos millones de la Compañía de las Indias por sus adquisiciones territoriales, las presas francesas y la venta de las islas cedidas, con lo que lo pagado con ahorros no llega a medio millón al año. Y ahora, añade Smith, "estamos envueltos en una nueva guerra que en su curso puede resultar tan costosa como cualquiera de las anteriores", y la nueva deuda de la próxima campaña puede igualar a toda la vieja que se ha pagado. En la nota de la tercera edición ya podía completar la frase: la guerra americana costó más que todas las anteriores juntas y añadió más de cien millones. "Sería enteramente quimérico esperar que la deuda pública llegue a saldarse jamás con los ahorros que puedan hacerse de esa renta ordinaria tal como está hoy."

La deuda no es un capital

Un autor había presentado los fondos públicos de las naciones endeudadas, en particular los de Inglaterra, como "la acumulación de un gran capital sobreañadido al otro capital del país", con el cual se extendía su comercio y se cultivaban sus tierras. Smith lo desmonta con la distinción entre trabajo productivo e improductivo del Libro II. El capital que los primeros acreedores adelantaron al gobierno fue, desde el momento en que lo adelantaron, una porción del producto anual apartada de la función de capital para servir a la de renta, de mantener trabajadores productivos a mantener improductivos, "para ser gastada y desperdiciada, generalmente en el curso del año, sin siquiera la esperanza de ninguna reproducción futura". A cambio recibieron una renta en los fondos que les repuso su capital y les permitió seguir comerciando, tomando prestado sobre esa renta o vendiéndola; pero ese nuevo capital ya existía antes en el país y ya mantenía trabajo productivo. "Aunque les repuso lo que habían adelantado al gobierno, no se lo repuso al país": si no lo hubieran adelantado, habría en el país dos capitales en lugar de uno.

Cuando el gasto público se paga con impuestos dentro del año, una parte de la renta de los particulares pasa de mantener una clase de trabajo improductivo a mantener otra; estorba la acumulación de capital nuevo, pero no destruye ninguno existente. Cuando se paga con deuda, se paga con la destrucción anual de un capital que existía. Es cierto que la deuda tiene una ventaja mientras dura la guerra: como los impuestos son más ligeros, la capacidad de ahorrar de los particulares se resiente menos, y "la frugalidad y la industria de los particulares pueden reparar más fácilmente las brechas que el despilfarro y la extravagancia del gobierno abren ocasionalmente en el capital general de la sociedad". Pero solo durante la guerra. Si las guerras se pagaran siempre con impuestos del año, esos impuestos durarían lo que la guerra, la paz acumularía muchos más capitales nuevos, y sobre todo las guerras "en general se concluirían más pronto y se emprenderían con menos ligereza": el pueblo, sintiendo durante la guerra toda su carga, se cansaría pronto de ella, y la previsión de esas cargas le impediría pedirla a gritos cuando no hubiera ningún interés real por el que luchar. Y cuando la consolidación ha avanzado, la multiplicación de impuestos que trae consigo daña la acumulación en la paz tanto como el otro sistema la dañaría en la guerra: la renta de paz de Gran Bretaña, más de diez millones, bastaría, si estuviera libre, para sostener la guerra más vigorosa sin un chelín de deuda nueva, y la renta privada de sus habitantes está hoy tan gravada en la paz como lo habría estado en la guerra más costosa si nunca se hubiera adoptado "el pernicioso sistema de la consolidación".

Queda la apología favorita: que en el pago del interés "la mano derecha paga a la izquierda", que el dinero no sale del país y la nación no es un céntimo más pobre. Smith la despacha como fundada "enteramente en la sofistería del sistema mercantil", sobre la que ya ha dicho bastante; supone además que toda la deuda se debe a los habitantes del país, y no es así, porque los holandeses y otras naciones extranjeras tienen una parte considerable de los fondos ingleses; pero aunque se debiera toda a los nacionales, no sería menos perniciosa. La razón está en quién administra las dos fuentes originales de toda renta, la tierra y el capital. El propietario tiene interés en mantener su finca en buen estado, y los impuestos pueden reducir tanto su renta, y los derechos sobre las necesidades de la vida reducir tanto el valor real de esa renta, que ya no pueda hacer las mejoras que le tocan, y cuando el propietario deja de hacer su parte el arrendatario no puede seguir haciendo la suya. Los dueños del capital, cuando los impuestos hacen que su renta compre menos que en cualquier otro país, y cuando las visitas mortificantes de los recaudadores los alcanzan a todos, primero se disponen a irse y después se van, y la industria cae con el capital que la sostenía. Transferir la mayor parte de la renta de la tierra y del capital, de las personas inmediatamente interesadas en el buen estado de cada porción de tierra y en la buena administración de cada porción de capital, a otro conjunto de personas que no tienen ningún interés particular en nada de eso, los acreedores del público, tiene que producir a la larga el abandono de la tierra y la fuga del capital:

Un acreedor del público, considerado meramente como tal, no tiene interés en el buen estado de ninguna porción particular de tierra ni en la buena administración de ninguna porción particular de capital. Como acreedor del público no tiene conocimiento de ninguna porción así. No la inspecciona. No puede tener cuidado de ella. Su ruina puede en algunos casos serle desconocida, y no puede afectarlo directamente.

"La práctica de la consolidación ha debilitado gradualmente a todos los Estados que la han adoptado." Las repúblicas italianas parecen haberla empezado, y Génova y Venecia, las dos que subsisten, están debilitadas por ella; España la aprendió de ellas y, con impuestos menos juiciosos, se ha debilitado más aún en proporción a su fuerza natural, endeudada desde antes de terminar el siglo XVI, cien años antes de que Inglaterra debiera un chelín; Francia languidece bajo la misma carga; las Provincias Unidas están tan debilitadas como Génova o Venecia. "¿Es probable que solo en Gran Bretaña resulte enteramente inocente una práctica que ha traído debilidad o desolación a todos los demás países?" Smith concede que el sistema fiscal de esos países es inferior al inglés, pero otra guerra tan costosa como la última podría volver el británico tan opresivo como el holandés o el español. Hasta ahora la frugalidad de los particulares ha reparado todas las brechas, y Gran Bretaña "parece soportar con facilidad una carga que hace medio siglo nadie la creía capaz de soportar. No concluyamos sin embargo por eso, precipitadamente, que es capaz de soportar cualquier carga, ni confiemos demasiado en que podría soportar sin gran angustia una carga un poco mayor que la que ya se le ha puesto encima".

La quiebra disfrazada

Cuando las deudas nacionales se han acumulado hasta cierto punto, "no hay, creo, un solo ejemplo de que se hayan pagado justa y completamente". La liberación de la renta pública, cuando ha ocurrido, ha sido siempre por quiebra, a veces declarada, pero siempre real, aunque con frecuencia bajo un pago fingido. El expediente habitual ha sido subir la denominación de la moneda: si por ley un chelín pasa a llamarse dos, quien debía veinte chelines, casi cuatro onzas de plata, paga con algo menos de dos, y la deuda de Gran Bretaña, unos ciento veintiocho millones, podría pagarse con sesenta y cuatro millones del dinero actual. Sería un pago fingido en el que los acreedores del público serían defraudados en diez chelines por libra, y la calamidad se extendería a los acreedores de todos los particulares, generalmente sin ventaja para los acreedores públicos, que en la mayoría de los países son gente rica que está más en relación de acreedora que de deudora con el resto de sus conciudadanos. Produce "una subversión general y perniciosísima de las fortunas de los particulares, que enriquece en la mayoría de los casos al deudor ocioso y pródigo a costa del acreedor industrioso y frugal, y transporta gran parte del capital nacional de las manos que probablemente lo aumentarían a las que probablemente lo disiparán". De ahí una regla que suena muy actual:

Cuando se hace necesario para un Estado declararse en quiebra, del mismo modo que cuando se hace necesario para un individuo, una quiebra justa, abierta y declarada es siempre la medida menos deshonrosa para el deudor y menos dañina para el acreedor. El honor de un Estado está sin duda muy mal servido cuando, para cubrir la desgracia de una quiebra real, recurre a un truco de prestidigitación de esta clase, tan fácil de ver y al mismo tiempo tan extremadamente pernicioso.

Casi todos los Estados han jugado ese truco. Los romanos, al final de la primera guerra púnica, redujeron el as de doce onzas de cobre a dos, y pagaron sus deudas con la sexta parte de lo que debían, sin que se sepa de ningún clamor popular, porque en Roma los pobres estaban siempre endeudados con los ricos, que les prestaban a interés exorbitante para asegurarse sus votos, y reclamaban continuamente la abolición de las deudas o "nuevas tablas"; una ley que reducía toda la moneda a la sexta parte equivalía a las nuevas tablas más ventajosas, y los ricos consintieron para calmar al pueblo y para restaurar el vigor de un gobierno que ellos dirigían. En la segunda guerra púnica el as bajó a una onza y luego a media, la vigésimo cuarta parte de su valor original, y "combinando las tres operaciones romanas en una, una deuda de ciento veintiocho millones podría reducirse de golpe a cinco millones trescientas treinta y tres mil libras". Por esos medios la moneda de todas las naciones ha ido reduciéndose por debajo de su valor original. Otro modo es adulterar la ley, mezclar más liga; tiene el mismo efecto que la subida de denominación, que los franceses llaman augmentation, pero mientras esta es una operación abierta, la adulteración es oculta: cuando el rey Juan de Francia adulteró su moneda, los oficiales de su ceca juraron guardar el secreto. "Ambas operaciones son injustas. Pero una simple subida es una injusticia de violencia abierta, mientras que la adulteración es una injusticia de fraude traicionero", y por eso ha excitado siempre mucha más indignación cuando se descubre, que es siempre pronto, y por eso después de las grandes adulteraciones la moneda casi siempre ha vuelto a su ley, mientras que después de las subidas rara vez ha vuelto a su peso. Enrique VIII y Eduardo VI hicieron ambas cosas en Inglaterra, y la minoría de Jacobo VI en Escocia.

Cómo liberar la renta pública: una nueva Utopía

Con un excedente tan pequeño sobre el establecimiento de paz, la liberación de la renta pública es vana de esperar sin un aumento muy considerable de la renta o una reducción igualmente considerable del gasto. Un impuesto sobre la tierra más igual, otro sobre las casas, y las reformas de aduanas y sisas del capítulo anterior producirían un aumento considerable sin cargar más al pueblo, solo repartiendo mejor el peso; pero ni el proyectista más optimista esperaría de eso liberar la renta ni compensar la acumulación de la próxima guerra. Un aumento mucho mayor podría esperarse de extender el sistema fiscal británico a todas las provincias del imperio habitadas por gente de origen europeo, cosa que no podría hacerse conforme a la constitución británica sin admitir en el Parlamento, "o si se quiere en los estados generales del imperio británico", una representación justa e igual de todas esas provincias, en proporción a los impuestos que pagaran. Smith sabe que "el interés privado de muchos individuos poderosos y los prejuicios confirmados de grandes cuerpos de gente" oponen a ese cambio obstáculos quizá insuperables, pero considera que en una obra especulativa no es impropio examinarlo, y que "semejante especulación puede en el peor de los casos considerarse una nueva Utopía, menos divertida ciertamente, pero no más inútil y quimérica que la antigua".

Repasa los cuatro ramos. Irlanda es tan capaz de pagar el impuesto sobre la tierra como Gran Bretaña, y América y las Antillas más, porque no pagan diezmo ni tasa de pobres. Los derechos de sello podrían cobrarse sin variación. Las aduanas, extendidas a Irlanda y las colonias "acompañadas, como en justicia deberían estarlo, de una extensión de la libertad de comercio", acabarían con todas las restricciones odiosas sobre el comercio irlandés y con la distinción entre mercancías enumeradas y no enumeradas, y el comercio entre todas las partes del imperio sería tan libre como el de cabotaje de Gran Bretaña, un mercado interior inmenso que compensaría con creces el aumento de derechos. Solo las sisas exigirían modificaciones, porque en América la bebida común es una especie de cerveza de melaza que cada familia fabrica en casa, y "someter a cada familia privada a las visitas odiosas y al examen de los recaudadores sería enteramente incompatible con la libertad"; habría que gravar la melaza, o componer por familia. El azúcar, el ron y el tabaco, que no son necesidades en ninguna parte y son de consumo casi universal, "son por lo tanto objetos extremadamente apropiados de tributación", con almacenes de depósito en todos los puertos del imperio.

El cálculo es grueso y Smith lo sabe. Si con menos de ocho millones de habitantes el sistema produce más de diez millones de libras, con los trece millones del imperio, dos de Irlanda y tres de las colonias, debería producir más de dieciséis; descontado un millón para los gobiernos civiles de Irlanda y las colonias, quedarían quince y cuarto para el gasto general y la deuda, y en lugar del millón que hoy puede ahorrarse podrían ahorrarse seis y cuarto, un fondo de amortización que, aumentado cada año con el interés de la deuda pagada el año anterior, bastaría en pocos años para saldarla entera "y restaurar por completo el vigor hoy debilitado y lánguido del imperio", aliviando entretanto al pueblo de los impuestos sobre las necesidades de la vida y sobre las materias primas. Smith añade las reservas: en un país pobre el consumo de los artículos gravados es pequeño y en uno poco poblado el contrabando es fácil, como ya se ve en Escocia e Irlanda; en América, en cambio, los blancos aun de la clase más baja viven mucho mejor que sus iguales de Inglaterra, y los negros esclavos reciben su ración de ron y melaza porque a su amo le interesa que estén bien alimentados "del mismo modo que le interesa que lo esté su ganado de trabajo". Las dos reformas simples del capítulo anterior, el impuesto único sobre la malta y las aduanas confinadas a pocos artículos, harían que produjeran tanto en la provincia menos poblada como en la más populosa.

A la objeción de que los americanos no tienen oro ni plata con que pagar impuestos, Smith responde con una pequeña teoría monetaria de las colonias. Su escasez de metal "es efecto de la elección, no de la necesidad": en un país donde los salarios son tan altos y las provisiones tan baratas, la gente podría comprar más metal si le conviniera. Pero a los americanos, que siempre pueden emplear con beneficio en sus tierras más capital del que consiguen, les conviene ahorrarse un instrumento de comercio tan caro y gastar el excedente en herramientas, ropa, muebles y hierro, "no en capital muerto sino en capital activo y productivo", y los gobiernos coloniales les proveen de papel moneda en cantidad suficiente y a menudo excesiva, como Pensilvania, que lo presta a interés, o Massachusetts, que en 1747 pagó la mayor parte de sus deudas con la décima parte del dinero por el que había emitido sus billetes. La abundancia de papel destierra el oro y la plata de las transacciones internas de las colonias por la misma razón que las ha desterrado de Escocia, "y en ambos países no es la pobreza sino el espíritu emprendedor y proyectista del pueblo" lo que la produce. En el comercio exterior el metal aparece exactamente donde hace falta: no en las colonias del tabaco, que pagan en tabaco y son las que menos oro tienen y tan prósperas como cualquiera; sí en las del norte, que pagan un saldo en metal y lo encuentran. Las dificultades de pago han sido proporcionales no al saldo debido sino a la tierra sin cultivar de cada colonia, es decir, a la tentación de los plantadores de emprender más de lo que su capital permite: "no es porque sean pobres que sus pagos son irregulares e inciertos, sino porque están demasiado ansiosos por volverse excesivamente ricos". Y la renta americana ni siquiera tendría que remitirse en metal, sino en letras sobre los comerciantes de Gran Bretaña a quienes se consigna el producto americano.

Que Irlanda y América contribuyan a la deuda de Gran Bretaña "no es contrario a la justicia": esa deuda se contrajo en defensa del gobierno nacido de la Revolución, al que los protestantes de Irlanda deben toda la autoridad de que gozan y las colonias sus cartas y su libertad, y la inmensa deuda de la última guerra se contrajo propiamente en defensa de América. Y ambas ganarían con la unión mucho más que la libertad de comercio. Escocia, por su unión con Inglaterra, obtuvo para sus clases medias e inferiores "una liberación completa del poder de una aristocracia que siempre las había oprimido"; Irlanda obtendría una liberación igual de una aristocracia mucho más opresiva, "fundada no, como la de Escocia, en las distinciones naturales y respetables del nacimiento y la fortuna, sino en la más odiosa de todas las distinciones, la de los prejuicios religiosos y políticos", que vuelven a los habitantes de un mismo país más hostiles entre sí que los de países distintos; sin la unión, los irlandeses no se considerarán un solo pueblo durante muchas generaciones. Las colonias, donde nunca ha prevalecido una aristocracia opresiva, ganarían al menos la liberación de "esas facciones rencorosas y virulentas que son inseparables de las pequeñas democracias", que en caso de separación total de Gran Bretaña, "que a menos que la impida una unión de esta clase parece muy probable", serían diez veces más virulentas y pasarían de la brutalidad y el insulto a la violencia abierta. En los grandes países unidos bajo un gobierno uniforme, el espíritu de partido prevalece menos en las provincias remotas que en el centro, como en Escocia menos que en Inglaterra, y las colonias gozarían pronto de una concordia desconocida en cualquier parte del imperio. Las adquisiciones territoriales de la Compañía de las Indias, "derecho indudable de la corona, es decir, del Estado y el pueblo de Gran Bretaña", podrían ser otra fuente de renta más abundante que todas, no imponiendo nuevos impuestos a países ya más que suficientemente gravados sino "impidiendo la malversación y el desvío de la mayor parte de los que ya pagan".

El proyecto de un imperio

Si nada de eso fuera practicable, el único recurso es reducir el gasto. En la recaudación y en el gasto Gran Bretaña es al menos tan económica como sus vecinos, y su establecimiento militar de paz es más moderado que el de cualquier Estado europeo que pueda rivalizar con ella; nada de eso admite gran reducción. Lo que sí admite es el gasto de las colonias. Su establecimiento de paz era ya muy considerable antes de los disturbios, "y es un gasto que puede, y si no puede sacarse de ellas ninguna renta ciertamente debe, ahorrarse por completo"; pero es insignificante comparado con lo que su defensa ha costado en la guerra. La última guerra, emprendida enteramente por las colonias, costó más de noventa millones; la de 1739 y la francesa que la siguió, emprendidas principalmente por ellas, más de cuarenta. En esas dos guerras las colonias costaron a Gran Bretaña más del doble de toda la deuda que existía antes de la primera, que de otro modo estaría probablemente pagada. Se gastó ese dinero porque se suponía que las colonias eran provincias del imperio británico; pero "países que no contribuyen ni con renta ni con fuerza militar al sostén del imperio no pueden considerarse provincias. Pueden quizá considerarse apéndices, una especie de equipaje espléndido y vistoso del imperio. Pero si el imperio ya no puede sostener el gasto de mantener ese equipaje, ciertamente debe dejarlo". Y así termina La riqueza de las naciones, con el párrafo más citado del Libro V y uno de los más duros que un escocés haya escrito sobre el imperio de su tiempo:

Los gobernantes de Gran Bretaña han entretenido al pueblo, durante más de un siglo, con la imaginación de que poseían un gran imperio al lado occidental del Atlántico. Ese imperio, sin embargo, ha existido hasta ahora solo en la imaginación. Hasta ahora no ha sido un imperio sino el proyecto de un imperio; no una mina de oro sino el proyecto de una mina de oro; un proyecto que ha costado, que sigue costando y que, si se persigue del mismo modo que hasta ahora, probablemente costará un gasto inmenso sin que sea probable que dé ningún beneficio. Es sin duda hora de que nuestros gobernantes realicen ese sueño dorado en que se han complacido, quizá, tanto como el pueblo, o de que despierten de él y procuren despertar al pueblo. Si el proyecto no puede completarse, debe abandonarse. Si alguna de las provincias del imperio británico no puede ser inducida a contribuir al sostén del imperio entero, es sin duda hora de que Gran Bretaña se libere del gasto de defender esas provincias en tiempo de guerra y de sostener cualquier parte de sus establecimientos civiles o militares en tiempo de paz, y procure acomodar sus miras y designios futuros a la real mediocridad de sus circunstancias.

Lo que hay que llevarse de este capítulo

La deuda pública, para Smith, no es un accidente sino un producto de la sociedad comercial: los soberanos dejan de ahorrar porque tienen en qué gastar, los comerciantes pueden y quieren prestar porque ganan con ello, y el gobierno, que prevé la facilidad de endeudarse, se dispensa del deber de ahorrar. De ahí una mecánica que se repite en todos los países: anticipaciones que se sobrecargan, consolidación perpetua que aplaza la liberación a un futuro que nunca llega, fondos de amortización que sirven para contraer deudas nuevas, y guerras que el pueblo de la capital sigue en los periódicos sin sentir su costo, con lo que se emprenden con ligereza y se terminan con pesar. Contra la idea de que la deuda es un capital añadido o de que "la mano derecha paga a la izquierda", Smith sostiene que cada empréstito destruye un capital que mantenía trabajo productivo, y que transferir la renta de la tierra y del capital a acreedores sin interés en ninguna finca ni negocio concreto termina por abandonar la tierra y ahuyentar el capital, como ha debilitado a Génova, Venecia, España, Francia y Holanda. Ninguna deuda grande se ha pagado nunca del todo; se ha liquidado con quiebras, casi siempre disfrazadas de subidas de la moneda, que defraudan al acreedor frugal en beneficio del deudor pródigo, y una quiebra abierta es siempre menos deshonrosa que ese truco. La salida que Smith propone para Gran Bretaña, una unión fiscal y parlamentaria con Irlanda y las colonias, con libre comercio dentro del imperio y un fondo de amortización real, es la Utopía que él mismo confiesa; la salida que impone, si la Utopía no es posible, es la del final del libro: renunciar al proyecto de un imperio que existe solo en la imaginación y acomodar las miras del Estado "a la real mediocridad de sus circunstancias". Es una frase que cierra cinco libros sobre la riqueza de las naciones recordando que la primera riqueza de una nación es saber cuánto puede gastar.